Militarización y continuidad después del 11/s
“ESTOY DE PIE, oponiéndome a una guerra no autorizada, no declarada e inconstitucional.
Lo que tenemos ahora es básicamente una guerra ilimitada, a ser librada en cualquier
momento y en cualquier sitio del orbe. […] Nadie con una pizca de honestidad intelectual
cree que estas autorizaciones permiten las guerras que estamos librando en siete países”.1
Así se expresó el senador Rand Paul luego de que el Senado de Estados Unidos de América
(EUA) rechazó, el 12 de septiembre de 2017, una enmienda suya, con endoso de un colega
demócrata, a la Ley de Defensa Nacional 2018, en la que se formalizaría el finiquito,
en seis meses a partir de su aprobación, de la Autorización para el Uso de la Fuerza
Militar (AUM, por sus siglas en inglés) de 2001 y 2002. Esta AUMF, totalmente fuera
del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad,
se “formalizó” al calor de los no aclarados ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/S)
a las Torres Gemelas y al Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés)
o Pentágono.
Las dos Cámaras, por medio de la AUMF 2001, “autorizaron” al Ejecutivo, en aquel momento
encabezado por George Bush II y Richard Cheney, a “usar toda la fuerza necesaria y
apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que [el presidente]
determine que han planeado, autorizado o cometido o ayudado en los ataques terroristas
que ocurrieron el 11 de septiembre 2001 o que han dado abrigo a tales organizaciones
o personas”.2 Bajo la primera de esas AUMF, el Pentágono, con apoyo y participación británica por
decisión del Primer Ministro Tony Blair, inició, el 7 de octubre de 2001, el bombardeo
contra Afganistán, seguido de su ocupación militar. Posteriormente, con la AUMF 2001
y 2002, EUA lanzó la guerra de agresión contra Iraq el 19 de marzo de 2003, bajo el
argumento de que Iraq poseía y estaba dispuesto a usar armas de destrucción masiva.
3 Esta narrativa, según inspectores de las Naciones Unidas, resultó falsa y fue ineficaz
para concitar apoyo alguno de Alemania y Francia (ver más adelante).
El 11/s: ruta hacia guerras por los recursos naturales, los costos al fisco y al medio
ambiente
No es desde la mano invisible del mercado sino desde el puño visible del Pentágono,
que, en el siglo XXI, EUA procura el acceso a los recursos que van quedando sobre
la corteza del planeta. Ahí donde se localizan los yacimientos o las selvas tropicales,
ahí hay despliegues de bases y operaciones militares. Que esto ocurra en torno al
control y usufructo de los combustibles fósiles y en medio de síntomas graves e inequívocos
de que ya el colapso climático antropogénico (CCA) está en curso, es de lo más significativo
por ominoso, teniendo en cuenta que se trataría de recursos tan vitales como el agua,
la biodiversidad, la alimentación, los minerales y los metales. Un cuadro global se
perfila con claridad si los letales combustibles fósiles y los intereses vinculados
con la máquina de combustión interna siguen lanzando anualmente a la atmósfera la
friolera de 40,000 millones de toneladas de CO2 equivalente (GTy).
Los ataques del 11/S, todavía sin aclaración pública, fueron utilizados tanto para
obtener los mencionados “poderes de guerra” (AUMF), como el posterior despliegue de
acciones militares no solo sobre Afganistán y en marzo de 2003 contra Iraq, sino sobre
un total de siete naciones en Oriente Medio y Norte de África, según declaró en entrevista
con Amy Goodman en Democracy Now el General Wesley Clark, ex-Comandante Supremo de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN): son revelaciones que Clark conoció a solo diez días de los
ataques 11/S. A continuación párrafos claves de esa histórica entrevista: General
Wesley Clark a Amy Goodman:
Cerca de 10 días después del 11/S, fui al Pentágono y vi al Secretario Rumsfeld y
al Subsecretario Wolfowitz. Luego bajé las escaleras para saludar a gente de la oficina
del Estado Mayor Conjunto que solía trabajar para mí y uno de los generales me llamó
y me dijo: ‘Señor, hemos decidido ir a la guerra contra Iraq’. Esto ocurrió cerca
del 20 de septiembre. Yo dije: ‘¿Vamos a la guerra contra Iraq? ¿Por qué?’ Contestó:
‘No lo sé’. Así que le pregunté: ‘¿Encontraron alguna información que conecte a Saddam
con Al Qaeda?’ Contestó: ‘No, no. No hay nada nuevo en ese sentido…’ Pocas semanas
después, volví a visitarlo, cuando ya estábamos bombardeando Afganistán. Le dije:
‘¿Todavía seguimos en guerra contra Iraq?’ Y contestó: ‘Oh, es peor que eso’. Tomó
una hoja de papel de su escritorio y me dijo: ‘Acabo de recibir esto hoy, de arriba’
-es decir de la oficina de la Secretaría de Defensa- y agregó: ‘Esto es un memo que
describe 20 cómo vamos a atacar a siete países en cinco años, empezando con Iraq y
luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán’. Le pregunté: ‘¿Está
clasificado?’ Me contestó: ‘Si señor’. Entonces le dije: ‘No me lo enseñe…’”.4
No es difícil saber dónde, aunque sea más importante el “cuándo” fueron planeadas
esas guerras. La información pública indica que un año antes de asumir como presidente,
Bush se había declarado por una guerra contra Saddam. Es conocido que integrantes
del Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense (Project for a New American Century, PNAC)5 habían elaborado un documento donde mencionaban que para poder realizar la “transformación
profunda” deseada por los neoconservadores, sería como respuesta a un “acontecimiento
tipo Pearl Harbor”. Seguro que el “Hado”, o alguna fuerza hipotética, decidió, una
vez sacado del juego al ambientalista Al Gore, crítico de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) a la atmósfera, regalar a unos integrantes del PNAC ya instalados
en los puestos de mando, con una imperdonable y bárbara salvajada que, para empezar
cegó 3,000 vidas y abrió las puertas a todavía más infierno en los siete países mencionados,
abonando a la acumulación de tragedias conectadas a una Pax Americana lanzada desde agosto de 1945 por Harry Truman, en poco minutos haciendo ceniza y
radiando a la población e infraestructura de las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki.
Una viuda del 11/S, desde el Hufftington Post, sintetizó un aspecto nodal de los atentados,
una vez que Barack Obama, a mediados de 2016, desclasificó 29 páginas de la Investigación
Conjunta del Legislativo sobre los Ataques del 11 de Septiembre. Estas páginas fueron
declaradas “secreto de Estado” y colocadas bajo vigilancia en una bóveda en el sótano
del Congreso, con acceso solo a senadores y diputados y sin autorización de llevar
cámaras fotográficas, plumas, papel o tomar notas. Arabia Saudita y altos, medios
y bajos cargos de su diplomacia fueron nombrados en esas reveladoras páginas de la
Comisión ahora públicas, aunque todavía con párrafos censurados. Al respecto, la viuda
escribió:
El presidente Bush no quiso que el reino de Arabia Saudita fuera investigado. El presidente
Bush tiene lazos profundos con el reino y su familia real y solo quería proteger al
reino. El presidente Bush quería hacer la guerra contra Iraq, no contra Arabia Saudita
[…] Las 29 páginas mencionaban términos como ‘Saudi’ y ‘Bandar’ en lugar de ‘Hussein’
e ‘Iraq’. Entonces esas 29 páginas fueron un gran problema para el presidente Bush”.6
Hubo una concertación de esfuerzos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés) y del gobierno de Bush para mantener cualquier evidencia incriminatoria
de los sauditas, fuera del foco de atención de la investigación de la Comisión. Ni
Iraq, ni nación alguna de las siete mencionadas por el general Clark, aparecen en
la investigación. Pero fue bajo el impacto del 11/S y el despliegue de fuerza contra
una nación sin conexión con el 11/S,7 que la presidencia de Bush II obtuvo esos “poderes de guerra” para cubrir con un
manto de “legalidad” insostenible bajo el Derecho Internacional y el mismo Derecho
Constitucional de los EUA,8 que se procedió contra Afganistán e Iraq, con el argumento de que el gobierno de
Sadam Hussein tenía y contemplaba el uso de “armas de destrucción masiva”, planteamiento
que resultó falso.
Bajo el halo del 11/S, EUA practica de manera intensa una unilateralidad bélica vinculada
con el pico petrolero (peak oil) y, años después, a lo que Richard Heindberg del Post Carbon Institute llama peak-everything9 (pico-todo), ya con los indicios más contundentes de los efectos del calentamiento
global, la penuria de las vetas de minerales y metales y la generalizada declinación
de recursos naturales, empezando por el petróleo y el gas natural convencional, vitales
a un régimen económico global, el capitalismo, con profundos vínculos con los combustibles
fósiles. Esas guerras de agresión también se vinculan a las transformaciones tectónicas
observadas en la ecuación mundial de poder, bajo una creciente multilateralización
en esferas tanto económico-tecnológicas como militares. Esos operativos, al margen,
insisto, del Derecho Internacional y del Consejo de Seguridad (aunque EUA sea firmante
de la Carta de la ONU), se realizan bajo coartadas varias: la guerra antiterrorista
o la guerra al narcotráfico.
Al tiempo que Washington rechaza las Convenciones de Ginebra, ataca Afganistán y miente
al mundo sobre las armas de destrucción masiva, luego bombardea e invade Iraq. A la
luz de la AUMF, resulta todavía más grave y explosivo enterarnos de que Bush ocultó
la activa participación de Arabia Saudita en el 11/S y que luego, él y su sucesor
se fueran sobre Libia, Siria, Yemen y Sudán. Por su riqueza fósil y cercanía a sus
refinerías, la mira de EUA y del big oil sigue en México, Canadá y Venezuela, esta última nación sometida a una brutal intervención
golpista desde el Comando Sur del Pentágono (ver adelante) y los grandes medios corporativos
(CNN, DW, agencias noticiosas excepto TeleSur) en pos del control y usufructo de su
vasta reserva, bajo registro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) de ser la de mayor magnitud mundial.
Al lado del TLCAN, hay acuerdos de facto que acoplan a México con los principios de
la política exterior y de seguridad de los EUA. ¿Qué principios? 1) Avalar la doctrina
de “autodefensa anticipatoria” o guerra preventiva, en desacato al derecho internacional,
y, 2) aceptar la doctrina straussiana contra la función de defensa nacional, desviando
las fuerzas armadas hacia funciones policiales. Recordemos que el Estado de excepción
interno se estableció en EUA bajo la Ley Patriota y, luego, la Ley Marcial John Warner
Defense Authorization Act, de 2007, que permiten al Ejecutivo usar a los militares
en tareas propias del Ministerio Público. Con una partida de 3,000 millones de dólares
y un Felipe Calderón en Los Pinos, se puso en marcha la Iniciativa Mérida, arreglo
de facto fuera del Derecho Internacional y de la jurisdicción y vigilancia legislativa
mexicana. Hoy, la Ley de Seguridad Interior de PRI y PAN, nos homologaría con las
leyes del Department of Homeland Security (DHS) en el contexto de operativos del Comando
Norte y del DHS ¡para “proteger” la vasta infraestructura Pemex/CFE, en traspaso a
los huachicoleros del big oil!
El nombramiento de Rex Tillerson (Exxon/Mobil) en la Secretaría de Estado y del general
John F. Kelly, ex jefe del Comando Sur, al DHS, es parte del asalto oligárquico-imperial
contra el manejo nacional del petróleo venezolano y que los astutos de acá van dejando
del sector. ¿Por eso Kelly va en contra de la izquierda mexicana? Se puede seguir
paso a paso el guion golpista de Kelly contra Maduro en la Operación Venezuela Freedom
2.10 Ahí, un gran lector de partituras como el director de orquesta Gustavo Dudamel verá
que Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos (OEA) -un viejo instrumento
imperial-, pactó con Kelly en 2015 para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela,
y que la oligarquía y su Mesa de la Unidad Democrática (MUD) siguen el libreto imperial:
generan crisis alimentaria, de medicinas, agua, electricidad y otros bienes esenciales,
como en el golpismo Nixon/Kissinger contra Allende. En ese guion, Kelly incluyó el
uso de la mud para hacer chillar las calles con violencia encapuchada, culpando a
Maduro desde las progolpistas CNN y la DW de Berlín, de cuanto herido, muerto, escasez,
desperfecto o desabasto ocurra. Tanto en lo interno de Venezuela como en lo regional,
los hechos y narrativas en medios se aproximan de manera cínica a la partitura de
esa operación que desnudó cómo se fragua el gran saqueo contra Venezuela. Los sucesos
diarios hacen patente una diplomacia de fuerza, parte y parcela del acelerado desplome
hegemónico de una potencia ante los riesgos existenciales de hoy, sin sustento moral
y científico en los altos puestos de mando.
Si la Operación Venezuela Freedom 2 deja ver el complot Kelly-Almagro-mud al servicio
del big oil, no nos limitemos a explicar al belicismo de EUA o a Trump, como resultado de una
aberración fascistoide. Es peor que eso. Se trata del desplome hegemónico del capitalismo
monopólico-financiero lanzado a la explotación de los recursos, incapaz de frenar
el arrastre de los poderes fósiles al abismo. El golpismo de Kelly/Exxon por el crudo
venezolano va al lado del negacionismo de Trump. La cada vez más delineada demolición
controlada de las Torres Gemelas, las carnicerías de EUA y el ascenso de los generales,
aceleran el desplome. En un mundo multipolar y calentándose sin control, la ruta es
otra.
Las AUMF de Bush II a Trump
El rechazo del Senado a la propuesta de Rand Paul para abrogar las mencionadas autorizaciones
no es un acontecimiento menor, sino ominoso. Después de todo, Obama también usó la
AUMF 2001 para participar en la ofensiva de la OTAN (concebida y articulada desde
su inicio por EUA) contra Libia, precisamente el 19 de marzo, pero de 2011. La Operación
de EUA se denominó Odyssey Dawn. En otra ocasión, nos referimos al proceso detectado desde el gobierno de Truman
(19451953), que se fue perfilando junto al ascenso del aparato de seguridad militar
en EUA, consignado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y el análisis sociológico
de C. Wright Mills11 hasta la administración de George W. Bush (2001-2009), en la paulatina transformación
de la “presidencia imperial” en autocracia.12 Ya a finales de 2005, cuando la opinión pública mundial recibe múltiples informes
de los horrores que se perpetraban diariamente contra la población iraquí, la instauración
de un vasto programa de campos de concentración y de tortura en bases militares, como
Guantánamo y buques de guerra de EUA, fue calificado por Amnistía Internacional, en
su informe sobre derechos humanos en el mundo de 2005, como un “gulag estadounidense”
(American gulag), diseminándose la percepción de un régimen de Pax Americana abiertamente dictatorial.
Pese al rechazo mundial a este esquema criminal, la guerra de agresión, la ocupación
militar, la represión y el intervencionismo se mantuvieron con Obama (2009-2017) y
adquirieron rasgos de creciente intensidad y todavía mayores riesgos a la paz y las
naciones del mundo y la región latinoamericana con el arribo de Donald Trump, en enero
de 2017. Ahora no son tan infrecuentes las advertencias sobre el asentamiento de una
“junta militar” en la Casa Blanca, en particular por la prevalencia de generales en
la articulación de la política internacional, acompañados por un ex-gerente de la
principal petrolera de EUA: Rex Tillerson, ex-CEO de Exxon/Mobil. El resto del gabinete
vinculado con la seguridad internacional incluye al jefe del Estado Mayor Conjunto,
el general Joseph Dunford; al secretario de Defensa James Mattis; al Consejero de
Seguridad Nacional H.R. Mc-Master; y al nuevo Chief of Staff de la Casa Blanca, el general John Kelly.13
Para tranquilidad de los grandes capitalistas, el 0.1%, es decir, los altos inversionistas
en el sector bélico-industrial, en la industria de los combustibles fósiles, o en
la industria alrededor del motor de combustión interna, con una votación de 61 a 36,
la legislatura dio luz verde a la continuidad de una guerra sin fin, bajo el principio
de que “puede ocurrir en cualquier lugar y tiempo y contra cualquier nación que ejerza
jurisdicción sobre la riqueza fósil o mineral: es una plataforma de crisis hegemónica
en la que cualquiera puede ser el enemigo en cualquier momento”.14 Frente a ello, uno naturalmente se pregunta si el Pentágono bajo Trump necesita la
vigencia de la “autorización” de 2001/2002 para los próximos meses. La respuesta no
se hace esperar. Ya el magnate Trump lanzó cohetes contra Siria, en fechas recientes
amenazó a Corea del Norte con “un fuego jamás visto en la historia” y a pocas semanas
de que asumiera la presidencia de EUA, refiriéndose a Venezuela, dijo de paso que
“esto lo vamos a arreglar” (we´re going to fix that). Meses después, aclaró cómo “arreglaría” lo que su aparato de inteligencia está
promoviendo en esa nación sudamericana: “La gente está sufriendo y está muriendo.
Tenemos muchas opciones en Venezuela, incluyendo una posible opción militar en caso
de ser necesario”.15 No mencionó las operaciones especiales y clandestinas que su gobierno, en estricta
continuidad con sus antecesores (Clinton, Bush y Obama), “implementa” contra Venezuela,
sede de la mayor reserva petrolera del mundo.
El torrente imperialista: antes y ahora
Como indicamos en otra oportunidad,16 el “torrente imperialista” no es asunto menor ni nuevo, como se ilustra en la larga
lista de violentos golpes de Estado: desde el perpetrado por la diplomacia de fuerza
de EUA, en pos de la riqueza de la Anglo-Iranian Oil Company nacionalizada por Mohamad
Mossadegh, cuyo gobierno fue derrocado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
por sus siglas en inglés) y por el espionaje británico en 1953;17 el golpe contra el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, inspirado por la United
Fruit Company en 1954; los golpes que se dieron contra los regímenes democráticos
y legítimos del dominicano Juan Bosch, en septiembre de 1963, y del brasileño João
Goulart, en 1964; o la atroz desestabilización y destrucción del gobierno de Salvador
Allende, en 1973, con el cobre chileno en mente, a cargo de Henry Kissinger, asesor
de Richard Nixon y posterior Secretario de Estado, quienes han sido llamados por Gregorio
Selser18 como “Nixinger”, cuyos dotes de criminalidad de Estado y alta nazificación es un
rosario de asaltos militares y regímenes de terror a lo largo de los años setenta,
en Argentina y Uruguay. Estos procedimientos y eventos son muestra, ad nauseam, del poco entusiasmo de la élite estadounidense por las formalidades de su Derecho
Constitucional y del Derecho Penal Internacional o Comercial, como en el caso del
histórico bloqueo a Cuba, y, ahora, en las sanciones a Caracas decretadas por Trump,
que, a decir de Peter Koenig, representan “un golpe económico”, una “abierta guerra
financiera” contra Venezuela.19 ¿Sigue para Caracas, prepararse para escenarios militares, como lo advierte Koenig?
El torrente imperialista es una tendencia histórica que se recrudece y, ensangrentada,
se intensifica y amplifica bajo el impulso del 11/S, en la dirección de “guerras de
agresión” -el mayor crimen derivado de los Juicios de Nuremberg, formalizado bajo
el Derecho Internacional vigente-.
En varias entrevistas, el General Clark relaciona la intervención bélica de grandes
potencias (como los EUA) en regiones o países al acceso a recursos de alto valor estratégico
como el petróleo, pero también el cobre, cobalto, hierro, sulfuro, litio, plomo, plata,
zinc, niobio y tierras raras. De ahí la unilateralidad bélica en Afganistán, donde
se encuentran concentrados los minerales enumerados y, en general, en Oriente Medio,
el norte de África y el Golfo Pérsico.20 El establecimiento del Comando África también se relaciona con la fiebre extractivista
del siglo XXI.
Con la excepción de Irán, el resto de países en la “lista” mostrada a Clark ya han
sido objetos de la “atención y acción” encubierta y abierta de Washington.21 A la sangrienta invasión, devastación y posterior ocupación militar de Iraq, ordenadas
por Bush/Cheney en 2003 hasta la actualidad,22 siguieron operaciones de comandos secretos de EUA en Sudán, detectadas por los medios
al menos desde el año 2005.23 En Somalia, EUA realizó operaciones clandestinas que incluyeron ataques con cohetería,
dadas a conocer en 2007.24 Con Obama y Hillary Clinton en calidad de Secretaria de Estado, se ordenó la devastación
de la población e infraestructura de Libia y el asesinato de Gadafi, festejado por
Clinton. Se procedió sin autorización legislativa y se iniciaron con la OTAN acciones
militares, incluidos bombardeos, en la guerra civil de Siria, con operaciones y colocación
de bases sin autorización del gobierno sirio.25
En relación con Irán, cabe recordar que ha sido un objetivo de la retórica guerrerista
que se intensifica en tiempos electorales. El punto central al que llevan diversos
análisis sobre la agitada dinámica interna de la Casa Blanca de Trump es la continuidad
del torrente imperialista en materia de política doméstica e internacional de seguridad.
James Petras, al preguntarse quién gobierna Estados Unidos, acierta cuando sintetiza
el resultado de los abruptos cambios en la cúpula de la administración Trump durante
sus primeros ocho meses de presidencia, en la restauración de “lo peor de todos los
mundos: la política Clinton-Bush-Obama-Trump de guerras múltiples permanentes, incrementando
las confrontaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela, la desregulación de la economía
estadounidense por parte de Trump y recortes fiscales masivos para los grandes negocios.”26
Aunado a lo anterior, es necesario agregar que ese torrente imperialista, con alto
riesgo de intensificación bélica y por estar en medio de los accesos al petróleo/gas
natural convencional, junto al negacionismo climático de Trump, es de grave riesgo
para la biota global, pues la actitud de Trump está dirigida a corregir, censurar
o reprimir a la comunidad científica, pero solo cuando las cifras y conclusiones apuntan
a peligros de corto, mediano o largo plazo que chocan con negocios y tecnologías (motor
de combustión interna) y ganancia de la quema de combustibles fósiles, eje de las
riquezas acumuladas por ExxonMobil, Chevron/Texaco o BP, y, al mismo tiempo, pieza
fundamental en la vulnerabilidad de ciudades como Houston, naciones del Caribe o Florida,
ahogadas por huracanes que, a decir de climatólogos, han sido de una inédita intensidad.
Sin embargo, según el DoD, sus socios corporativos de los combustibles fósiles permanecerán
en función hasta mediados de siglo XXI,27 para cuando la catástrofe climática/ambiental será irreversible. El alto capital
va por la ganancia hasta la extinción de las especies.
La subrogación de las guerras y el capitalismo bélico-industrial cost plus del desastre
El 11/S representó la chispa usada por el liderato neoconservador para incendiar Oriente
Medio
e instaurar un régimen de excepción al interior de EUA, por medio de la Ley Patriota
que Bush siempre trató de intensificar y prolongar lo más posible en el tiempo.
En
septiembre de 2002, el régimen formalizó la “nazificación” de su proyección al
exterior, adoptando formalmente una “doctrina de autodefensa anticipatoria” o
“guerra preventiva” y, luego, la guerra de agresión contra Irak. Esta “nazificación”
de la política de seguridad internacional de EUA fue captada por Benjamin Ferencz,
uno de los principales jueces (chief prosecutor) de los críminales
de guerra nazis en el Tribunal Nuremberg, para quien es un crimen máximo bajo
la
normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg y en cuya opinión George W.
Bush
debía ser juzgado por crímenes de guerra por la violencia que desató contra Iraq
en
2003. Ferencz logró la condena de 22 oficiales nazis y abogó por un efectivo
funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) establecida en La Haya, Países
Bajos, en 2002, y ratificada por más de 100 países. Poco menos de un año antes
de la
invasión de Iraq, el gobierno de Bush retiró la firma de EUA del Tratado de la
CPI,
inició una ofensiva diplomática bilateral para que ciudadanos estadounidenses
no
fueran extraditados por solicitudes de la CPI y, para colmo, tres meses después
de
la invasión firmó una nueva ley que prohíbe a cualquier oficial gubernamental
cooperar con la CPI e incluye autorización al presidente para “usar todos los
medios
necesarios y apropiados”, incluyendo una invasión militar de los Países Bajos,
para
liberar a personal de EUA detenido y bajo custodia de la CPI.28
El 11/S se esgrimió como fundamento para inducir el voto del miedo que contribuyó
a la reelección de Bush y que, desde entonces, ha sido un caballo de Troya, con su
AUMF 2001 y 2002. Es, en medio del torrente imperialista, desencadenado por el 11/S,
que emanó la perorata del “nacional-trumpismo” con su supremacismo blanco, anti-latino/mexicano,
anti-inmigrante, racista y militarizado hasta la coronilla. Es gracias al senador
Rand Paul que se supo, en su expresión presupuestal, de la magnitud y contexto de
la militarización de EUA, junto con el creciente peso de ciertos personajes, tales
como: Steven Mnuchin, que cabildea por Wall Street desde el Departamento del Tesoro;
John Kelly, ex jefe del Comando Sur, quien preparó la primera etapa del esquema de
desestabilización golpista contra Caracas, conocido como “Operación Venezuela Freedom
1 y 2” e impulsado por el aparato del espionaje de EUA (CIA, DIA, NSA, USAID y su
“Oficina para las Iniciativas de Transiciones (OTI, por sus siglas en inglés) contra
el gobierno bolivariano”.
Todos ellos, con Tillerson, ahora secretario de Estado, constituyen con Trump una
suerte de “junta”, cúpula militar que decide en torno a las proyecciones de fuerza
sobre Afganistán, Irak, Libia, Siria y Venezuela. Se detectan expresiones dentro de
esa cúpula de interés para hacer más fortuna, realizando ajustes de tipo outsourcing
(tercerización), ya en boga en el vasto programa de contratos de la época Bush/Cheney.
En aquel entonces, la empresa Halliburton lideró, desde su entonces subsidiaria Kellog,
Brown and Root, los grandes contratos de la administración pública.29 Ahora, la tercerización opera en su estampa neofascista, bajo inspiración de entes
mercenarios tipo Blackwater, como ocurrió en las guerras de Afganistán e Iraq.
El torrente y la economía permanente de guerra
La instauración e institucionalización de una economía permanente de guerra en EUA
impacta la estructura de poder, conformándose una fuerte conjunción de poderosas relaciones
de clientelas e intereses mutuos entre el alto aparato corporativo, bélico-industrial,
el Congreso, la presidencia imperial y su enorme burocracia militar, desde la que
se realiza la mayor operación de planeación industrial, estatal-privada, nacional
y centralizada del planeta. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y a lo largo
del siglo XX y lo que va del XXI, el gobierno federal de EUA ha gastado más de la
mitad de sus ingresos fiscales en el financiamiento de guerras pasadas, presentes
o futuras.30 Escribe Seymour Melman que:
[...] la operación de mayor envergadura del gobierno es el manejo de su economía militar
por medio de una administración central. Más de 37,000 firmas industriales o divisiones
de esas firmas y más de 100,000 subcontratistas operan bajo el control de una oficina
de administración federal con cerca de 50,000 empleados. Probablemente se trata de
la administración industrial centralizada y estatal de mayor envergadura del mundo.31
Como los poderosos consorcios, junto a esta gran masa de subcontratistas, esas firmas
cuentan con acceso privilegiado (cost-plus) a la mayor asignación absoluta de recursos públicos en la historia de Estados Unidos
y en lo que va de nación alguna. Al mismo tiempo, los costos acumulados sobre la economía
total son notables, pero ¿qué tanto? Tengamos presente, como documenta Melman, que
desde finales de los años cincuenta, se establecieron nuevos lineamientos al nivel
de toma de decisiones de muchas firmas industriales:
Los contratos gubernamentales para las agencias militares y espaciales se asignaron
a las empresas en una base de cost-plus. Se trató de otorgar a las firmas contratadas un fuerte incentivo para aumentar los
costos, ya que los administradores del Pentágono y los economistas del gobierno federal
estimaron conveniente adoptar medidas anti-cíclicas por medio de aumentos en los costos,
e, incluso, promovieron el incurrir en sobre-costos, todo bajo el supuesto de ‘reforzar
la economía’ para ‘poner a EUA de nuevo en marcha’ (‘on the grounds of bolstering the economy and getting America moving again’ ). Para las firmas involucradas, esto significó ir por la oferta alta (high bid) y los resultantes sobre-costos se hicieron algo normal. Estos procedimientos iban
exactamente en sentido contrario a la tradicional política de minimizar los costos.
Se asentó una pauta de maximización de costos dentro de los límites disponibles en
los subsidios federales. La maximización de costos se transformó en tema dominante
entre las 37,000 firmas o secciones de ellas, organizadas para cumplir con los requisitos
establecidos por el DoD. Ya para 1980, los precios de los bienes producidos por esta
red de firmas crecían al 20% anual.32
Además, consideremos que, según cifras de Melman, en los cuarenta años transcurridos,
entre 1947 y 1987, el DoD utilizó 7 billones 620,000 millones de dólares. Él comparó
esta suma, en dólares constantes de 1982, con la de todos los bienes producidos y
puestos al servicio de la producción. El cálculo incluye el valor monetario de todas
las fábricas, maquinarias, carreteras, ferrocarriles, edificios, sistemas hidráulicos,
redes eléctricas, etc., excepto bienes militares, bases o bienes de consumo. Toda
la economía civil de EUA en 1987 tenía un valor de 7 billones 292,000 millones de
dólares. Así, el aparato militar ha absorbido una cantidad mayor de recursos que la
cantidad de capital que sería necesaria para reemplazar todos los recursos para la
generación de bienes de capital (capital assets) de EUA. El estudio de Melman, de finales de los ochenta, muestra que los efectos
de la desviación de la inversión pública hacia el gasto militar ya se observaban en
la pobre condición en que se encontraba gran parte de la planta física de la industria
de EUA y las malas condiciones de la infraestructura civil.33
Con las guerras de agresión del torrente militarista post-11/S, todo empeora en la
dirección señalada por Melman. Por ejemplo, ya en 2014 el DoD pasó de contar con 50,000
empleados civiles, a finales de los años 1980, a cerca de 720,000 empleados. En 2017,
el número aumentó a 730,000, y para 2018, se presupuestan recursos para 740,000.34 Muchas categorías para establecer el orden específico de la vasta expansión militar
en curso no están más disponibles al público. Pero estos aumentos indican un alto
incremento en los contratos para la industria militar, misma que desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial fue receptora del 70% del presupuesto total del Pentágono (DoD).
Además, un número considerable del aumento en “personal” se refiere no solo a nuevos
cuadros administrativos para la expansión bélico-industrial, sino también a “contratistas-soldados
mercenarios” de distintas nacionalidades que usualmente reciben salarios menores y
no se erogan partidas para seguros médicos, de salud y de jubilación como es la costumbre
con los soldados ciudadanos de EUA. La guerra global contra el terrorismo tiende,
como se indicó en el apartado anterior, a la subrogación y tercerización de la tropa.
Las “guerras de agresión son masacres que devastan poblaciones inermes e infraestructura,
una tendencia del “capitalismo del desastre”, para usar un término de Naomi Klein35, repleto de contratos cost plus.36 La subrogación de guerras como la de Afganistán, a través de la mercenerización,
sea de individuos o de firmas que manejan ejércitos mercenarios, acompaña el declive
de un liderato moral, intelectual y científico y la capacidad de generar consenso
alrededor de la diplomacia de fuerza ajena a la normatividad internacional derivada
de los juicios de Nuremberg. La noción de hegemonía, en la concepción gramsciana,
plantea que además de la coerción/ dominación, destaca la capacidad de generar consenso
así como otorga gran peso al liderato moral e intelectual. Esos son ejes vitales al
ejercicio hegemónico. Pero, por su intensificación y por ir acompañado de recortes
fiscales a favor de las grandes firmas y de los sectores de ingresos más altos, el
torrente imperialista que acompaña al 11/S observa costes muy altos en lo fiscal y
en materia de creciente desigualdad social. Según el Informe del Instituto Watson
de la Brown University acerca de los costos de las guerras emprendidas desde el 11/S,
incluyendo las de Iraq, Afganistán, Pakistán, Siria y Homeland Security, solo en los
17 años que van del 2001 al 2018 (más los intereses al año 2056 por deudas de guerra),
el total gastado ascendió a 7 billones (trillions) 900,000 millones de dólares.37
Trasladar hacia el resto de las economías, centrales y periféricas, los costos de
la economía permanente de guerra, y aún por medio del contratismo cost plus, para gestar enormes ganancias a favor de las corporaciones, no ha sido la excepción
sino la norma, en la manipulación unilateral del sistema monetario vinculado al dólar
y al aparato bancario-financiero. En 2017-2018, el masivo aumento al gasto militar
es de la magnitud requerida para librar una suicida guerra nuclear. Los preparativos
para esa guerra, como mostró C. Wright Mills en 1958
38 están en marcha desde hace décadas. Para 2018, el presupuesto del Pentágono es de
696,000 millones de dólares, incluyendo 54,000 millones propuestos por Trump y 30,000
millones más, agregados por los diputados republicanos. Aunque existe una ley de 2011
que limita el gasto militar, ya ese “límite” fue rebasado en 72,000 millones de dólares.
Por ser una ley “laxa”, los contratistas (cost plus y non bid, es decir, a puertas cerradas) “se las arreglarán para gastarlo todo” como dijo el
senador Rand Paul. Por décadas, ese tipo de contratismo, y ahora de subrogación (outsourcing) de personal o funciones militares, es sueño de magnates y de empresas privadas de
seguridad a las que desde el gobierno de Bush/Cheney, se asignó con intensidad labores
de todo tipo, incluyendo operaciones que chocan con las Convenciones de Ginebra sobre
el trato inhumano de prisioneros o el uso de la tortura.
A su vez, esta ampliación presupuestal, para la masiva proyección militar de EUA,
se dirige al mundo en general y a la periferia capitalista en particular, sede de
localizaciones estratégicas con grandes y codiciados yacimientos minerales, y de los
combustibles fósiles que, advierte la comunidad científica mundial al 97%, gestan
el calentamiento global atmosférico. Entre otros países, Venezuela, Iraq, Libia, México,
Canadá, Nigeria, etc. Es un diseño de subrogación vinculado con el interés corporativo
por el intenso contratismo que acompaña a programas como el de “reconstrucción y estabilización”,
puesto en práctica luego de la brutal devastación de población e infraestructura en
Iraq y de la “estabilización” lograda con brutal represión. En sus inicios, el diseño
estuvo a cargo de Carlos Pascual, ex-embajador de EUA en Ucrania y México. Ahora,
el contratismo vincula la administración del gasto militar al lema trumpista del America First, por medio de la subrogación de las guerras de agresión, puesta en marcha en Iraq
y Afganistán donde el uso de ejércitos mercenarios, constituidos como firmas contratistas,
se vinculó con saqueos y matanzas.
El imperio en estado de “diplomacia de fuerza”. ¿Hacia una intervención militar “humanitaria”
contra Venezuela?
La Operación “Venezuela Freedom 2” indica en afirmativo. Tengamos presente que Venezuela
es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Como se indica en otro estudio,39 tiene como recursos probados 292,000 millones de barriles, esto es, casi 8.5 veces
las reservas probadas de EUA, calculadas en 36,000 millones de barriles. De ahí el
interés de EUA en derrocar al gobierno de Venezuela ante la expectativa de controlar
esta vasta riqueza energética, frente a los limites geológicos y financieros de la
llamada “revolución shale”. Consideremos, además, que ante el acoso de sanciones económicas
de EUA, el gobierno venezolano decidió comercializar su petróleo en rublos, yuanes
y euros.
El actual gobierno brasileño autorizó despliegues militares de EUA en el Amazonas,
una política vinculada con el escenario militar descrito en la Operación Venezuela
Freedom 1 y 2, para ir cerrando el cerco sobre los recursos estratégicos de Venezuela
en particular, y de la región en general. La vía militar para el acceso al petróleo
y el gas natural se perfila con grandes riesgos para la población y los recursos naturales
de América Latina. Basta mirar el espectáculo de destrucción de Iraq y Libia para
apreciar el orden de magnitud del riesgo. El estudio de Santiago Navarro y Renata
Bessi sobre la ocupación silenciosa del Amazonas por el Comando Sur debería llamar
a la mayor atención y cuidado: lo que ocurra en Venezuela impactará a la región como
un todo. Es hora de la solidaridad latinoamericana. El dato duro debe prevalecer en
todo análisis de un complejo y peligroso escenario golpista del imperio, en que se
intenta el traslado de la frontera sur de EUA, del Río Bravo al Amazonas. Ni más ni
menos.
He aquí el diseño golpista dado a conocer por Red Voltaire, presentado por el jefe del Comando Sur al Comité de Relaciones Exteriores del Senado
de EUA. Esta operación golpista rompe con principios fundamentales del Derecho Internacional,
la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.
La operación, en cuya ejecución inicial participó el general John Kelly, nombrado
jefe del personal de la Casa Blanca de Donald Trump, está en curso y representa una
seria amenaza para las naciones latinoamericanas y del Caribe:
Estados Unidos ha lanzado una feroz guerra no convencional contra los gobiernos revolucionarios
y progresistas, y los movimientos populares de nuestra América. Añeja en la doctrina
militar del Pentágono y también conocida como guerra de cuarta generación, se ha nutrido
y desarrollado con recientes experiencias como las revoluciones de colores y la primavera árabe. El blanco principal del ataque es la Venezuela bolivariana, contra la que el imperio
y los gobernantes de la región que le sirven, desatan su furia y frustración. Luego
de una ofensiva de meses para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro,
Trump declaró que “no descarta la opción militar” en Venezuela…40
La más reciente, AmazonLog-2017, es objeto de un puntual y bien documentado trabajo de Santiago Navarro y Renata
Bressi.41 De relevancia local, regional y mundial resaltan los planteos geopolíticos y advertencias
sobre esa operación ofrecidos por Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, citados en ese importante estudio: “El despliegue de tropas”,
dice Ceceña, “facilita incursiones territoriales específicas y la realización de operaciones
de respuesta rápida, implicando ambas el uso de fuerzas especiales, sean de Estados
Unidos, locales o privadas en la triple frontera” (Brasil, Perú y Colombia). Además,
“la Operación AmazonLog 2017 crea condiciones para operaciones futuras de tropas estadounidenses en dos áreas
estratégicas: la parte baja de Venezuela y a lo largo de la costa atlántica, donde
ya Estados Unidos obtuvo acceso a la base militar de Alcántara”.42
Apéndice: Operación “Venezuela Freedom 2”: proyección del Comando Sur desde la frontera
tri-nacional amazónica
DOCUMENTO PRESENTADO AL SENADO DE EUA:
En el “resumen ejecutivo” de la fase 1, se afirma lo siguiente: a) haber establecido
la imagen del gobierno venezolano como “autoritario y violador a los derechos humanos”
contra una oposición “democrática”, rótulos a los que Trump agregó el de “dictadura”;
b) haber operado bajo una Orden Ejecutiva emitida por Obama, en la que “se declara
una emergencia nacional, con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, representada por la situación
en Venezuela”; c) haber logrado “reforzar el aislamiento internacional y la descalificación
de Venezuela como sistema democrático” (sin mencionar que el Instituto Carter, que
vigila los procesos electorales, certificó la validez de los procesos para la elección
e instalación de una Asamblea Constituyente Nacional); d) haber generado un clima
propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, en contubernio con
Luis Almagro; y, e) que “se colocó en la agenda la premisa de la crisis humanitaria
que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la
ONU.” Ahí calzan las palabras sobre el sufrimiento y el hambre, que anteceden la amenaza
militar de Trump. Ya en la fase 2 de la Operación Venezuela Freedom, se habla del
uso del “desabasto” como medida de presión política, un desabasto no obstante extraño,
que se traduce en una enorme abundancia de víveres y artículos de primera necesidad
en la frontera de Colombia con Venezuela, para el lucro de siete grandes empresas
de dentro y fuera, incluyendo transnacionales estadounidenses.
En esta misma fase 2, el componente militar se acentúa y explicita, ya que incluye
la planeación de “operaciones especiales” conformadas por componentes operacionales
del cs: Comando de Operaciones Especiales Sur, Joint Task Force-Bravo y Fuerza de
Tarea Conjunta Interagencial Sur Jiatfs. “Los elementos involucrados en esta operación
deben elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de
nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro,
conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los conceptos
estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad
estratégica (Joint Vision 2020, como proceso de actualización permanente de la doctrina
militar), que continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorporen todos los
instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de información,
militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos”. ¿Qué es todo eso
sino intervención militar inminente?
En esta fase se incluyen las instancias inter-departamentales e inter-agenciales,
incluidas las del aparato de inteligencia, siendo la Defense Intelligence Agency la
más cercana al cs. A partir de ahí, el documento se dedica a la “desagregación en
acciones específicas” desplegadas bajo el cs en informe preparado por el sucesor de
Kelly, el Almirante Kurt W. Tidd, quien documenta “la agenda común” del CS con la
Mesa de la Unión Democrática (MUD):
-
“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que
incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado
de la violencia armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el
referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para
censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación […] la responsabilidad
en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase-2) […]
descansa en nuestro Comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de
los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la mud […] no asumiremos
el costo de una intervención armada en Venezuela […] [emplearemos] recursos y medios
para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro”;
-
“Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado con los socios más cercanos
de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza:
convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar
leyes”;
-
“Hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la
caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia”;
-
“Hemos propuesto […] aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que
las fuerzas chavistas se puedan recomponer y reagrupar […] para debilitar doctrinariamente
a Maduro, colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos)
como eje propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad
privada y al libre mercado […] hay que responsabilizar al Estado y su política contralora
como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez”;
-
“Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de
desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es importante
destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la
afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad personal”;
-
“Importa la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad,
teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía
ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo
al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz mediática que ubica
la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro”;
-
“Posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por
falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario
donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar”, demandando a la comunidad
internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas”;
-
“Hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido
con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA”;
-
“No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al
gobierno de Maduro con la corrupción y el lavado de dinero. En esto debemos apoyarnos
en el trabajo que vienen haciendo las Unidades de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont),
el Grupo de Acción Financiera (gafi) y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de
Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL)”;
-
“Atención a la cuestión militar […] existe una alta probabilidad de que los mandos
identificados con el chavismo duro ofrezcan resistencia, sobre todo en unidades de
élite que históricamente se han alineado con el régimen. Por eso, hay que sostener
el trabajo para debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de mando”;
-
“Lectura similar es necesaria hacer en relación con el empleo que va a hacer el gobierno
de las llamadas milicias y colectivos armados […] se convierten en obstáculos para
las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos opositores […] un impedimento
para el control efectivo de instalaciones estratégicas. De allí la demanda de su neutralización
operativa en esta fase decisiva”;
-
“Si bien en este terreno foco de la situación militar, no podemos actuar ahora abiertamente,
con las fuerzas especiales aquí presentes hay que concretar lo ya anteriormente planificado
para la fase 2 (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales
de los últimos meses, con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola,
en Comayagua, Honduras, y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur -Jiatfs, permiten
colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geoestratégico
apoyado en las bases militares de “control y monitoreo” en las islas antillanas de
Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto
Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar de Operaciones de
Avanzada (FOL, con proyecciones sobre la región central de Venezuela donde se concentra
el poderío político-militar). En este aspecto, debemos mantener la vigilancia electrónica
sobre esta zona de influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las
incursiones de los RC-135u combat equipados con sistemas electrónicos que han permitido
recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear comunicaciones, tanto
del gobierno como de contingentes militares (Ver informe confidencial respectivo).
También se debe poner OK el Primer Batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18
aviones y los helicópteros UH-60 Blackhawk y CH-47, aproximándolos al terreno, preferiblemente
las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos establecido las directivas y órdenes
vinculantes”;
“En estas 12 recomendaciones están involucrados aspectos políticos, económicos y militares
que son parte de planes estratégicos de nuestro gobierno, los cuales vienen siendo
impulsados por múltiples agencias y a los que se apega el U.S. Southern Command. En
correspondencia con esa guía de planeamiento, he enfocado mis esfuerzos en cuatro
áreas principales: garantizar que seguimos siendo el primer socio de seguridad de
elección en este hemisferio; profundizar en la colaboración entre las agencias, generando
confianza, plataforma de innovación para el Departamento de Defensa y planificación
de operaciones críticas y trans-regionales, como esta Operación Venezuela Freedom-2,
donde se involucran comandos combativos y socios inter-agenciales. Vamos a seguir
construyendo alianzas que protegen nuestros intereses, defender nuestro territorio,
defender el bien común mundial, y avanzar la seguridad, el buen gobierno, frente a
las amenazas como las que presenta el régimen opresivo de Venezuela. Por eso, en la
planificación hay cuestiones particulares que nos atañen, donde debemos elaborar planes
específicos que pongan en operación las recomendaciones, tal como se reseña en los
apartados y documentos anexos, siendo la tarea del día de esta Junta Evaluativa, por
lo que ordeno la mayor atención y esfuerzo en la reunión”.
Almirante Kurt W. Tidd
Comandante
U.S. Southern Command (SouthCom)
25 de febrero de 2016
(Disponible en: Almirante Kurt W. Tidd, “Operación Venezuela Freedom 2”, Red Voltaire, 25-02-2016, http://www.voltairenet.org/article191879.html).