La ecología política es un campo en construcción nacido del activismo socioambiental a escala local-rural, a partir del cual se construyeron casos de estudio que mostraron el entrelazamiento entre las estructuras sociales y el uso del medio ambiente (Leff 2006; Martínez-Alier 2004). La ecología política, entonces, no incluye únicamente los aspectos técnicos de las crisis ecológicas y el cambio ambiental, sino que estudia las relaciones sociedad/naturaleza como producto de relaciones de poder configuradas históricamente, y propone un análisis crítico sobre el acceso desigual a los recursos naturales y los conflictos que esto conlleva (Alimonda 2017; Moreano, Molina y Bryant 2017). Así, Martínez-Alier (2004) refiere que la ecología política estudia los conflictos ecológicos distributivos, es decir, conflictos sobre la repartición dispar de los costos y potenciales ecológicos (ya sean estos parte o no del mercado). Hablar de distribución ecológica es hablar de patrones espaciales y temporales de acceso a los recursos naturales y servicios ambientales, así como de absorción de cargas ecológicas negativas (desechos o impactos). Esta distribución ecológica es moldeada tanto por aspectos naturales (clima, topografía, yacimientos, calidad de suelo, etc.) como por procesos sociales (culturales, económicos, políticos, tecnológicos), siendo los conflictos producto de estrategias de apropiación de recursos ambientales y asignación desigual de los impactos (Martínez-Alier 2004; Leff 2006).
En América Latina, estas nociones que constituyen los fundamentos de la ecología política desde la tradición anglosajona (de donde tiene raíces esta disciplina crítica) han sido alimentadas permanentemente por el pensamiento crítico de la región, en sus diversas corrientes en tensiones y debates. Esto la ha llevado a tener distinciones con la tradición anglosajona y un camino propio influenciado por la marca de origen latinoamericano: la experiencia moderno/colonial, producto de la conquista y la integración en posición subordinada en el sistema internacional (Alimonda 2017; Moreano, Molina y Bryant 2017). En este sentido, Moreano et al. (2017) definen tres marcadores de identidad de la ecología política latinoamericana que dominan los estudios sobre la región: la decolonialidad, la territorialidad y el investigador local. En conjunto, estas características hacen que los estudios, por lo general, estén con un enfoque anclado en una escala local de territorios (como espacios de dinámicas socio-naturales). Desde ahí, se cuestiona la idea de progreso-desarrollo como parte del conflicto ecológico distributivo usando una vertiente de la teoría decolonial y se afirma la presencia de epistemologías y racionalidades ambientales que han sido subordinadas con la imposición de la racionalidad moderna. Es importante decir que la ecología política como un campo en construcción no tiene lenguaje propio y ha tomado para sus fines, elementos de las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas de las ciencias sociales (como la economía ecológica, la antropología humana, ecología cultural o la ética política), así como del pensamiento crítico latinoamericano (Leff 2006; Martínez-Alier 2004; Moreano, Molina y Bryant 2017).
En el caso de conflictos ecológicos distributivos alrededor de los recursos hídricos, nace la ecología política del agua con el objetivo de estudiar la gestión del agua como parte de un sistema socioecológico, proponiendo así el concepto de territorios hidrosociales. Se entiende al territorio hidrosocial como un espacio dinámico producido por condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ecológicas específicas que, junto con los flujos de agua, conforman una red compleja de relaciones desde un determinado horizonte epistemológico (Swyngedouw, Kaïka y Castro 2002; Sanchis-Ibor y Boelens 2018). Sanchis-Ibor et al. (2018) argumentan que en general los análisis desde la ecología política del agua se basan en una exploración crítica de los posibles conflictos ecológicos distributivos en estos territorios hidrosociales. Es decir, un análisis de las “relaciones de poder” (económico, político o cultural) que determinan la forma de la distribución y gestión del agua, el acceso ella, su uso y que generan una distribución desigual de los beneficios. En este sentido, la ecología política del agua evalúa quién se beneficia y quién se perjudica por determinados cambios en el sistema hidrosocial, lugares donde las condiciones sociales y ambientales relacionadas con el agua mejoran, a la par que en otros lugares se deterioran (Swyngedouw, Kaïka y Castro 2002).
Otra noción utilizada para la compresión de los territorios hidrosociales es la de redes hidrosociales. Este término introduce las escalas espaciales en los estudios de ecología política del agua, es decir, las relaciones sociales que conectan el territorio hidrosocial local (hogar, comunidad) con escalas más amplias (la región, la nación, el mundo). De este modo, se pueden analizar estos niveles de interconexión social producidos y reconfigurados a través de múltiples acciones y prácticas cotidianas del Estado, el mercado, la sociedad civil, así como de procesos ambientales y fuerzas estructurales (Boelens et al. 2016). Sin embargo, Spronk y Weber (2007) argumentan que se ha dado poca atención a la forma en que los factores estructurales a nivel mundial configuran los procesos socioecológicos del territorio hidrosocial en donde se producen los conflictos y las luchas por el agua. Y es que, como el trabajo de Boelens et al. (2016) permite observar, la ecología política de agua en general parte y se enfoca en las formas locales de autogobierno colectivo del agua, autonomía hidroterritorial a la que denomina territorios hidrosociales vernáculos. Estos son concebidos como lugares de resistencia que deben ser defendidos de las amenazas que suponen los poderosos de fuera, en referencia a las instituciones estatales y a las corporaciones trasnacionales que encarnan per se el orden hidroterritorial dominante (Boelens et al. 2016, 5). En este sentido, el enfoque de redes hidrosociales se encuentra reducido al establecimiento de una permanente lucha y oposición entre el territorio hidrosocial vernáculo y el Estado como aliado natural de las transnacionales, una perspectiva de interconexión multiescalar manifiesta en el estudio de Hoogesteger et al. (2016) sobre los territorios hidrosociales locales en el Ecuador (Hoogesteger, Boelens y Baud 2016).
En esta visión de redes hidrosociales que conecta el Estado y los terriororios hidosociales vernáculos como parte del conlifcto ecológico distributivo, Boelens (2009) argumenta que el Estado y sus políticas de hidroterritorialización, en el mejor de los casos, imponen la negociación y el cambio en los territorios hidrosociales mediante alianzas estratégicas, constituyendo un “matrimonio de escopeta” en el que se entrelazan las estrategias “oficiales” y las “vernáculas” de gestión del agua (Boelens 2009). Sin embargo, las nuevas propuestas de “gobernanza del agua” desde el Estado “orientadas a la inclusión” tampoco son vistas desde este enfoque de redes hidrosociales como positivas; en efecto, se argumenta que al igual que las políticas “orientadas a la exclusión” (neoliberales), estas implican la imposición de racionalidades hidroterritoriales que refuerzan el orden hidroterritorial dominante (Boelens et al. 2016; Ávila 2016). Bajo este enfoque de la ecología política del agua, un posible reconocimiento de parte del Estado a la infraestructura hidrosocial local, es interpretado como estrategia para fabricar legitimidad y crear las condiciones necesarias que permitan intensificar la aplicación de las normas e instituciones hidroterritoriales más represivas en el territorio hidrosocial local (Boelens et al. 2016). Dada esta mirada predominante en los estudios de caso anclados en lo local, Swyngedouw (2009) afirma que es urgente explorar y realizar más estudios sobre la intrincada relación entre la democracia, la gobernanza del agua y el poder social en el marco de las redes hidrosociales.
El presente trabajo adopta el enfoque de redes hidrosociales para conectar los procesos locales con escalas mayores y la perspectiva estructural mencionada por Spronk y Weber (2007) para comprender la transformación en el territorio hidrosocial de la parroquia Picaihua (Tungurahua, Ecuador) a nivel de país y de sistema mundial. Las transformaciones hidrosociales en Picaihua son entonces situadas en dos momentos de la historia del Ecuador en relación con el sistema mundial: la etapa neoliberal (años 80-90) y la etapa posneoliberal en el Ecuador (2008-2016). Estos periodos son usados por Moreano et al. (2016) para describir macro-procesos concretos en la historia del Ecuador según sus características fundamentales, los cuales tuvieron dos proyectos políticos de gestión del agua diferentes a nivel nacional (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016). A nivel mundial, se utiliza el enfoque de sistema-mundo, que manifiesta la dominación estructural de los países centrales sobre los periféricos (del Norte sobre el Sur) dentro de una economía-mundo capitalista, en el que la situación de dependencia del Sur y la lucha por el control de los recursos naturales estratégicos (como el agua) moldean las posibilidades internas de los países (Wallerstein 2005; Borón 2014; Amin 1974). Dada la importancia del Estado en los análisis de redes hidrosociales, se considera también la concepción cambiante del Estado y las fuerzas que predominan, el rol de sus instituciones y sus relaciones con el territorio hidrosocial en las dos etapas (neoliberal y posneoliberal), las cuales reconfiguran la red hidrosocial donde el micro-proceso se inserta y se explica. El enfoque de este estudio es comparativo y multiescalar que, si bien parte de la escala local, no se ancla a ese nivel buscando conflictos ecológicos distributivos, pues el análisis no es de carácter posestructuralista.
El objetivo de este estudio es aportar elementos para un análisis comparativo, estructural y temporal de los conflictos hidrosociales desde el enfoque de la ecología política y responder si la praxis política en la etapa posneoliberal implicó avances en términos de justicia hidrosocial (tanto en gestión como en acceso al agua). La cuestión de la praxis política se trata en este trabajo desde la filosofía política de la liberación de Enrique Dussel, entendida como la acción política concreta que abarca desde los proyectos políticos, las tácticas de acción, hasta sus efectos políticos positivos y negativos (incluso los no-intencionales). Como acción política, es siempre estratégica (no solo técnica-instrumental) en tanto involucra a otros sujetos humanos que, como actores, ocupan espacios prácticos configurando ante el actor político un campo de fuerzas que constituyen lo que se ha denominado poder (Dussel 2009; 2006). Así, la praxis política tiene un potencial estratégico que se manifiesta ante el actor político como la “situación coyuntural compleja de todas las fuerzas de sus aliados y antagonistas que hay que saber ponderar para saber utilizarlas hacia los objetivos propuestos” (Dussel 2006, 50). Esto será de vital importancia en el análisis de redes hidrosociales propuesto aquí, pues, además, se concibe que cuando la praxis política pone en cuestión las estructuras hegemónicas de un sistema político injusto, se trata entonces de una praxis de liberación. Es decir, es una praxis política con pretensión de justicia (Dussel 2009; 2006).
Dado que una praxis liberadora enfrenta un potencial estratégico determinado que puede limitarla, Dussel (2006) muestra que esta debe tener realismo crítico para ser coherente a largo plazo con su propósito. Esto exige un proyecto de transformaciones factibles que distingue lo posible1 a corto plazo y lo posible a largo plazo, con el fin de que a corto plazo se puedan dar transformaciones parciales que permitan crear las condiciones necesarias para transformaciones más profundas a largo plazo. Asimismo, la praxis política de liberación exige corregir en el camino los efectos negativos inevitables desde la misma pretensión crítica de justicia (Dussel 2006). En este estudio, el análisis desde la ecología política del agua toma en cuenta el potencial estratégico dado por la etapa neoliberal en el cual estuvo delimitada la praxis política y los cambios que dieron origen a la etapa posneoliberal. En este sentido, se pretende aportar criterios para discernir si la praxis política de la etapa posneoliberal avanzó en dirección de la justicia hidrosocial en Picaihua, aun considerando sus inevitables efectos negativos, para poder mostrar que un ideal teórico o postulado crítico no debe remplazar las transformaciones reales posibles.
Picaihua es una de las parroquias rurales pertenecientes al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en Ecuador. La parroquia tiene una extensión de 1,524.21 ha, y su población total fue de 9,054 habitantes hasta 2014. De esta cantidad, el 48.8% son hombres y el 51.2% mujeres. Por otra parte, el 94.77% de la población se autoidentifica como mestiza, y el 2.85% como indígena, donde predomina la nacionalidad Kichwa de la sierra (84.2%) y Puruhá (7.2%) (GAD-Picaihua 2015).
En cuanto a la gestión del recurso hídrico en la parroquia, la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Picaihua es la principal encargada. Además, es colocada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Picaihua (2015-2019) como una de las “potencialidades” destacadas de la parroquia en el nivel de “organización y tejido social”. La Junta Administradora de Agua de Picaihua abarca 2,017 socios (familias), que son alrededor de 8,200 habitantes (90% de los habitantes de la parroquia). La cubertura del servicio es completada por la Junta Administradora de Agua de Shuyurco (barrio de Picaihua) con 320 socios (1,200 habitantes) y la de Mollepamba (caserío de Picaihua) con 190 socios (720 habitantes). Actualmente, el comité de la Junta de Agua esta conformado por presidente, tesorero, un secretario y dos vocales, los cuales convocan las asambleas de socios (GAD-Picaihua 2015).
El caso de estudio que se analiza en este artículo es fruto de una investigación con base en entrevistas pobladores y ex pobladores de la parroquia rural de Picaihua, llevada a cabo en junio de 2020. La información recolectada fue procesada y unificada para establecer las características, mediante un enfoque cualitativo, de dos momentos en la gestión del agua detallados a continuación.
En los años 80 y 90, el agua en la parroquia de Picaihua provenía de un reservorio denominado “El Óvalo” que era alimentado por una Acequia cuyo nombre era “La Lama”. La administración de la Acequia estaba a cargo de la comunidad de usuarios de las parroquias por las cuales circulaba la acequia, pues esta rebasaba los límites de la división política. En Picaihua, la comunidad de usuarios conformó por iniciativa propia una “Junta de Agua” como ente administrativo al margen de las juntas parroquiales:
El agua venía de un sitio que llamaban el Óvalo, aunque no llegué a conocer cómo era. Pudo haber sido un gran reservorio que distribuía agua a muchos lugares. Se sabía que la fuente de agua de este sitio era la acequia la Lama. La Junta de Agua se creó para administrar el Óvalo por iniciativa de muchos usuarios no solo de la parroquia Picaihua. La Junta de Agua convocaba a reuniones con los usuarios todos los domingos. (Rebeca Amancha, pobladora de la parroquia de Picaihua, sector San Cayetano, entrevista junio 2020).
Los usuarios tenían participación en las decisiones de la Junta de Agua de Picaihua mediante la asamblea de usuarios, la cual tenía como funciones definir y coordinar el modo de captación y distribución del agua solo para regadío desde la acequia hasta los terrenos de los usuarios:
En esa asamblea general de la Junta del Agua la gente se ponía de acuerdo para hacer la repartición a todos los que necesitaba el agua. Era una organización como de autogestión. Entonces había horarios para cada usuario propietario de un terreno en el que se le daba el agua de riego. […] Los horarios eran cambiantes, de día y de noche para que todos puedan usar el agua de regadío. Por ejemplo, nosotros teníamos el agua cada ocho días, y como tres horas de agua. Un domingo tocaba de seis a nueve de la mañana, y otro domingo de seis a nueve de la noche. El agua que ya no era requerida por la gente, era de nuevo distribuida a otro terreno o arrendada a alguien más. (Myriam Lascano, ex pobladora de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
Para la distribución y suministro del recurso hídrico a los terrenos se utilizaban chambas (retazos de césped) en una práctica denominada “atajar las tomas”. Esta consistía en desviar el agua de los canales naturales de la acequia usando las chambas como tapones para redirigir el agua, creando así otro canal. Cada usuario debía realizar este procedimiento para direccionar el agua a su terreno según los turnos acordados:
Para hacer que el agua llegue al terreno que se quería regar, era necesario ir a prepararle el camino al agua. Había que ir tapando huecos en los canales de la acequia de los otros y abriendo el camino para que llegue donde nosotros. Porque cada usuario tenía la obligación de hacer eso. Se le llamaba atajar las tomas y para ello se usaban chambas. Esto tenía que hacerse con antelación, por ejemplo, los que tenían el turno a las seis de la mañana tenían que ir a atajar las tomas desde las cuatro y media o cinco de la mañana. Entonces cada uno ya sabía quién tenía el agua antes para según eso saber desde dónde había que ir abriendo camino para el propio terreno. Si no se hacía eso, el agua podía irse a cualquier otro terreno. (Myriam Lascano, ex pobladora de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
La Junta de Agua de Picaihua tenía un presidente y un tesorero (“el aguatero”), siendo este último el más sobresaliente por estar a cargo del cobro por el servicio de riego (directo o por arriendo a terceros) y de las multas entre los usuarios que no asistían a las mingas2 organizadas para la limpieza de las acequias. El propósito era la recaudación de recursos financieros para que la Junta de Agua pueda cumplir con el mantenimiento y gestión de la acequia:
La Junta de Agua de Picaihua tenía un tesorero, que era conocido como el aguatero. Esta persona era la designada para cobrar anualmente a los usurarios por el uso del agua de riego. También cobraba las multas a los usuarios que no participaban en las mingas para limpiar las acequias. Con ello, se obtenía con las justas dinero para el mantenimiento y limpieza de los canales de la acequia. No se sabe bien si también el aguatero debía pagar a alguien más, si el Óvalo pertenecía a alguien. (L. Rodrigo Lascano, ex poblador de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
Sin embargo, los recursos obtenidos anualmente de los usuarios no lograban cubrir los costos requeridos para realizar mejoras en el servicio, a parte del mantenimiento. Por lo relatado, los habitantes de Picaihua percibían ingresos sumamente bajos por las distintas actividades que realizaban, con gran parte de la población alcanzando a suplir en lo mínimo las necesidades básicas.
Por otro lado, el suministro de agua requerido para otros usos distintos al regadío no era gestionado por la Junta de Agua de Picaihua. Los habitantes de la parroquia no disponían de agua potable ni por tubería. Se utilizaba el agua de acequias y vertientes que pasaban por Picaihua para aseo personal, lavado de ropa y recolección para la cocción de alimentos:
El agua de vertientes y la que corría por la acequia nos servía para lavar la ropa, bañarnos y también la recogíamos en baldes para cocinar. No había agua potable ni en tubería, teníamos que ir de la casa a las vertientes. Las vertientes eran como pozos pequeños de las que brotaba agua subterránea constantemente. De ahí cogíamos agua para bañarnos a un lado. El lavado de ropa no se hacía en la vertiente, sino en la acequia que estaba cerca, donde el agua corría. (Myriam Lascano, ex pobladora de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
Un segundo momento en la gestión del agua en Picaihua surge desde 2008 con la aparición de una nueva institución estatal a nivel nacional en el Ecuador: la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). Al entrar en la red hidrosocial, esta entidad procedió a solicitar el registro y legalización obligatorio de la Junta de Agua de Picaihua con el fin de reconocer la gestión comunitaria de la Acequia para regadío y además le otorgó competencias para el manejo del agua para otros usos. De esta forma, en planificación con la SENAGUA en 2012 se construyó el sistema de agua potable:
Cuando en 2012 por fin hubo agua potable, la Junta del Agua ya no solo repartía el agua para regadío, sino que también se transformó en otra Junta que manejaba el agua potable. Antes de eso, por 2009, a la Junta de Agua de Picaihua le habían indicado que debía legalizarse ante la Secretaria del Agua que se había creado recién, para que pudiese ser evaluada, planificar la gestión y obras según la Secretaría, y recibir recursos junto al GAD de Picaihua para eso. (Rebeca Amancha, pobladora de la parroquia de Picaihua, sector San Cayetano, entrevista junio 2020).
La SENAGUA, entonces, se encargó del monitoreo y evaluación de los aspectos técnicos de la captación de agua de las fuentes, el estado de los tanques y los canales de riego de Picaihua. Asimismo, la Junta de Agua de Picaihua fue evaluada en aspectos como: el cobro de tarifas de acuerdo con la ley, los estados financieros llevados por el tesorero y la cantidad de recursos requeridos para operar:
La Junta de Agua de Picaihua ahora gestionaba también el agua potable y había cambiado. Se quiso hacer las cosas más organizadamente y se designó a parte del presidente y tesorero, un secretario y dos vocales para que cumplan funciones distintas. El aguatero ahora fue evaluado por gente de la SENAGUA, debía hacer reportes de cuentas, aunque la información desde estos organismos de control muchas veces no llegaba de forma clara, igual con los GAD y había dificultades para planificar así la gestión dentro de la Junta de Agua. (Myriam Lascano, ex pobladora de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
Como Junta de Agua, de agua potable, recibió recursos por parte de instituciones del Estado (como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) y operaba en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Picaihua (GAD) y el GAD Provincial, obteniendo mayor flujo de ingresos para la gestión del recurso hídrico en el territorio hidrosocial local. La intervención estatal en cuestión de recursos fue aprobada por la Junta de Agua de Picaihua, pues ahora disponían de fondos para la aplicación de planes que permitiesen la mejora del servicio. Sin embargo, hubo disconformidad en ser evaluados y controlados desde el Estado por la SENAGUA. Además, aún con las competencias claras, esto creó cierta descordinación entre la planificación pública desde este organismo estatal y el modo en que operaba la Junta, por lo que había dificultades en definir de forma eficiente los programas hidrosociales locales.
Como se observó, los cambios en la gestión del agua en Picaihua van mas allá del aspecto meramente técnico, pues el manejo del recurso hídrico está vinculado a contextos políticos y sociales que afectan la forma de gestión y relación con los sistemas de agua. De ahí la pertinencia de abordar el caso desde la ecología política del agua. Se advirtió anteriormente que la búsqueda crítica de conflictos ecológicos distributivos anclado en la escala local, principal premisa de la ecología política del agua (Sanchis-Ibor y Boelens 2018), puede resultar insuficiente al evaluar la transformación del territorio hidrosocial de Picaihua donde aparentemente hubo un cambio en las redes hidrosociales para beneficio de la población (como la creación del sistema de agua potable). Únicamente buscar conflictos ecológicos distributivos en el territorio hidrosocial local puede invisibilizar o minimizar los avances en términos de justicia hidrosocial de un proyecto político concreto que configura una red hidrosocial nueva (posneoliberal), así como ocultar la influencia de los factores estructurales en otros niveles de interconexión de la red. Este peligro surge en el mismo origen de la ecología política latinoamericana bajo el enfoque decolonial-territorial-local de conflictos ecológicos distributivos, pues como Moreano et al. (2017) muestra, su efervescencia coincide con la instauración de gobiernos “neodesarrollistas” (posneoliberales). Por otro lado, el mismo efecto se produce si desde la crítica se compara un proceso político concreto con un ideal teórico de justicia, sistema perfecto o de superación inmediata del capitalismo, lo cual conduce a lo que Boaventura de Sousa denomina la “ceguera de la teoría” (De Sousa Santos 2011).
Por ello, el análisis desde la ecología política del agua se efectuará desde el enfoque de redes hidrosociales a diferentes escalas espaciales, pero también temporales, de manera que aporten elementos para comprender los cambios dentro de las condiciones estructurales a nivel de país y de sistema-mundo. A nivel de país, los conceptos descriptivos neoliberal y posneoliberal se utilizarán con base en el estudio de Moreano et al. (2016) para distinguir dos etapas con proyectos políticos reales y concretos en la historia del Ecuador según sus características fundamentales, de donde se derivan dos proyectos de gestión hídrica distintos. Esto es útil para obtener una visión más concreta (a nivel de país) en donde tiene lugar lo local abstracto (caso de estudio), en especial en cuanto la concepción del
Estado y sus contradicciones, las instituciones y políticas relacionadas con la gestión del agua. De esta manera, se realizará una comparación multiescalar y temporal entendiendo que las etapas neoliberal y posneoliberal (“neodesarrollista”) son dos proyectos políticos reales-concretos dentro del mismo capitalismo con distintos rumbos, aun con las inevitables contradicciones y remanentes que la etapa posneoliberal pueda presentar.
Las interconexiones a escala mundial de la red hidrosocial con el territorio hidrosocial local-nacional se lo efectuará desde la teoría de sistema-mundo y de la dependencia (en su aproximación marxista) donde Wallerstein (2005) y Dussel (2014) dan cuenta de un capitalismo mundial (economía-mundo) exaltando la existencia de un centro dominante (países desarrollados, Norte global) y una periferia oprimida (países subdesarrollados, antiguamente coloniales, Sur global), en una división internacional del trabajo donde la periferia cumple un papel desfavorable para el desarrollo del centro. Este marco teórico es de suma relevancia al momento de analizar la lucha por los recursos hídricos a nivel internacional y su relación con los modelos hidrosociales a escala nacional en las dos etapas (especialmente el rol del Estado como macro institución).
En este artículo, el análisis que parte del caso de estudio no está centrado en buscar conflictos ecológico-distributivos en el territorio hidrosocial de Picaihua (escala local) en la etapa posneoliberal. Sin embargo, se considerarán los efectos negativos y desafíos del proyecto político concreto, pensando que toda praxis política inevitablemente producirá efectos negativos (hasta no intencionales) y que está delimitada empíricamente por su potencial estratégico (composición del campo de fuerzas) a nivel nacional e internacional.
El primer momento en el territorio hidrosocial de Picaihua se puede ubicar a nivel de país en el periodo neoliberal del Ecuador. Es una etapa donde las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) incrementaron los ya alarmantes niveles de pobreza, desempleo y desigualdad en el país. A partir de los años 80, las suscripciones de cartas de intención con el FMI se volvieron rutinarias. Entre 1983 y 1992 el Ecuador firmó ocho de estos documentos (Díaz 2018). Con estas recetas neoliberales (Consenso de Washington) dictadas desde el Norte global para Latinoamérica se produjo un recorte dramático de la inversión pública, se fomentaron las privatizaciones y la institucionalidad estatal fue desmantelada paulatinamente en detrimento de la población (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016; Ávila 2016). El neoliberalismo en el Ecuador también fue aplicado a la gestión del agua con “políticas de ajuste hídrico” siguiendo el libreto del FMI, cuyo propósito fundamental era favorecer la apropiación privada de los derechos de uso y aprovechamiento del agua en manos de grupos agroexportadores, terratenientes locales, empresas privadas y transnacionales (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016; Arroyo 2015). En otras palabras, la privatización y la distribución ecológicamente desigual del recurso hídrico en beneficio de élites económicas. Otra consecuencia de la hidropolítica neoliberal fue la descentralización de la administración pública y de fragmentación estatal en las competencias para la gestión del agua, realizando la transferencia de la administración de los sistemas de estatales de riego a los usuarios (Juntas de Agua), los cuales no eran representados por ningún organismo del Estado y eran débiles frente a los poderes económicos (Arroyo 2015; Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016).
Otro actor implicado en la implantación del proyecto hidrosocial neoliberal como factor estructural a nivel internacional, fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Al igual que el FMI, es un organismo anexo a Estados Unidos como potencia en el sistema-mundo para promover sus intereses en Latinoamérica (Allar y Golinger 2009). La USAID intensificó su trabajo en el Ecuador con la globalización neoliberal (años 80-90) complementando “desde abajo” las políticas de ajuste estructural del FMI. De esta forma, para 1998 había instaurado un Plan Binacional de Desarrollo para el país, con financiamiento de EEUU, que incluían objetivos de políticas hidroterritoriales locales. Tal como un documento oficial de la USAID expresa, esta organización construyó sistemas de agua, saneamiento, recolección de desechos y “promovió la participación de las comunidades a través de las Juntas de Agua que se encargaron de su manejo y mantenimiento” (USAID 2013, 34). Santillán (2016) explica que la cooperación de la USAID remplazó al Estado ecuatoriano en poblaciones desatendidas y de esta manera consolidó la descentralización de competencias en la ruta de fragmentación y desmantelamiento del Estado impulsada por el FMI. Esta generación de “poder blando” (desde abajo, organizando a las poblaciones) creó dependencia de la ayuda internacional, debilitó el poder del Estado central y facilitó las condiciones para la privatización de recursos hídricos estratégicos (Santillán 2016).
Desde el enfoque dominante de la ecología política latinoamericana (decolonial, anclada en local y de territorios en resistencia) probablemente se vería a la Junta de Agua de Picaihua -y derivadas de aquella, las asambleas de usuarios, la repartición comunitaria del agua para regadío, las mingas para el mantenimiento de la acequia- como una forma de territorio hidrosocial vernáculo. Es decir, un modo local de autogestión del agua, un referente de gestión comunitaria e independiente del agua (no impuesta por el Estado), organizada en beneficio de los usuarios, incluso desde otra racionalidad ambiental, política y económica distinta a la neoliberal o moderna. Sin embargo, como hemos visto, la interconexión del territorio hidrosocial local con la escala nacional (neoliberalismo y políticas de ajuste hídrica) y esta a su vez explicada a nivel de sistemamundo (rol del FMI y los intereses de Estados Unidos sobre la periferia), nos arroja otro panorama. En este, la “defensa del territorio” en contra del Estado puede incurrir en una praxis política injusta.
La ausencia de un rol regulatorio del Estado en la red hidrosocial neoliberal hizo que las Juntas de Agua (incluida la de Picaihua) quedaran sujetas al abandono institucional del Estado y atravesadas por el clientelismo a favor de los intereses privados o corporativos, vulnerables a grandes poderes económicos, con usuarios que no tenían capacidad técnica ni económica para operar, mantener y expandir los sistemas (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016). Esto explica porqué la Junta de Agua de Picaihua solo podía brindar el agua para regadío, con recursos que a penas alcanzaban para el mantenimiento de las acequias, sin tener la posibilidad de gestionar el agua potable para consumo y otros usos. Mas aún, mientras la organización comunitaria de la Junta de Agua designaba estrictos horarios para distribuir el agua de regadío que venía de la Acequia La Lama y lograr que alcance para todos los usuarios, en el plano nacional, el agua de las acequias era previamente distribuida de forma dispar. Moreano et al. (2016) muestra que poderes económicos como los terratenientes desviaban flujo del agua por los canales de riego hacia sus haciendas obteniendo grandes cantidades del recurso hídrico, en detrimento de pequeños y medianos productores. De hecho, en la Sierra Central, donde está ubicada Picaihua, el agua para riego desde las acequias principales era principalmente canalizada para la producción de flores y brócoli, cultivos controlados por empresas como Pronaca y Supermaxi (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016).
Se puede decir, entonces, que la gestión comunitaria del agua en Picaihua se asentaba en un modelo hidrosocial profundamente desigual en la distribución, administración y acceso al recurso hídrico a nivel regional (Sierra), y a nivel de país. Si bien el sistema de riego organizado mediante la Junta de Agua en Picaihua podría considerarse como una expresión naciente de una democracia participativa3 o una práctica con otra racionalidad mas allá de la Modernidad, mantener el territorio hidrosocial local totalmente intacto y defenderlo como un lugar de prácticas decoloniales en resistencia (vernáculo), también hubiera implicado congelar los condicionantes neoliberales que lo atravesaban y constituían la red hidrosocial en ese momento (incluido el debilitamiento estatal apuntalado desde abajo por la USAID). De hecho, Arroyo (2015) evidencia que en general existe la tendencia a una valoración abstracta de la gestión comunitaria, considerada en sí misma una práctica contra-hegemónica y asumiendo que tiene como característica intrínseca la cooperación entre sus miembros en el uso de recursos bajo la lógica de satisfacción de necesidades (creando a su vez sostenibilidad de los ecosistemas) y no de la ganancia. Todo posible mediante otros saberes y formas distintas al capitalista. En el caso de los territorios hidrosociales locales en la etapa neoliberal, incluso situaciones como la de Picaihua pueden verse como territorios hidrosociales vernáculos, con otra racionalidad ambiental que debe ser defendida, enfoque de la ecología política que absolutiza la gestión comunitaria olvidando la estructura injusta de la red hidrosocial que la determina.
Otro determinante a escala nacional de la red hidrosocial neoliberal eran las políticas económicas de ajuste estructural que afectaban y empobrecían más a sectores marginados de la sierra rural como el caso de Picaihua. En 1990-95, la pobreza en la sierra rural fue del 64% (Larrea et al. 2008). En Picaihua, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) llegó a 95% al finalizar la década de los 90 (GAD-Picaihua 2015). En cuanto al desempleo, a nivel nacional se situó en 56% al final de los 80, y en 63% al finalizar los 90 (Naranjo 2004). Es decir, el territorio hidrosocial de Picaihua estaba empobrecido y la comunidad de usuarios no contaba con recursos económicos para que la Junta de Agua puediera eliminar desigualdades en el acceso al agua de regadío o suministrar agua potable en una gestión comunitaria. Sin embargo, la ecología política latinoamericana por el mismo componente decolonial (en su versión posmoderna) que lleva a fetichizar la gestión comunitaria, entiende, asimismo, la pobreza como una noción impuesta desde el patrón modernidad/colonialidad que niega otras formas de vida en los territorios que son distintos al desarrollo capitalista (Estermann 2015). De este modo, se tiende a exaltar lo “no desarrollado” olvidando las injusticias estructurales (nacionales y mundiales) que provocan el empobrecimiento y las desigualdades sociales.
El método y la tecnología seleccionadas por la Junta para la desviación del agua por los canales constituye otro aspecto del territorio hidrosocial de Picaihua. Si las chambas eran seleccionadas como tecnología para el método de atajar las tomas en el territorio hidrosocial de Picaihua por la Junta de Agua, ¿fue una elección sin condicionantes estructurales de la red hidrosocial neoliberal? ¿Constituía una infraestructura hidrosocial vernácula producto de un horizonte epistemológico distinto al moderno como sugiere el enfoque decolonial de la ecología política? Una de las personas entrevistadas mencionaba:
Las chambas era lo que se venía usando para desviar el agua de la acequia. Era lo que se tenía a la mano y servía. No teníamos en ese momento otra alternativa, pero claro, hubiéramos preferido tener la posibilidad de escoger otro mecanismo más adecuado para desviar el agua. (L. Rodrigo Lascano, ex poblador de la parroquia de Picaihua, entrevista junio 2020).
En la economía-mundo capitalista, a nivel mundial la adquisición o producción de tecnología en los países del Sur global está limitada por la dominación estructural de los países capitalistas centrales (desarrollados) sobre los países capitalistas periféricos (subdesarrollados, originalmente colonias) (Wallerstein 2005; Dussel 2014a; Amin 2001). Aún cuando los criterios de elección de una tecnología en el territorio hidrosocial local pueden responder a lógicas distintas a las del capitalismo, la continua transferencia de plusvalor del Sur al Norte global (Dussel 2014a) permite a los países capitalistas centrales desarrollar tecnología y dictar a nivel mundial la agenda de investigación en ciencia que logre continuar la acumulación de capital (Amin 2004). En consecuencia, el mercado de instrumentos tecnológicos de punta ha sido monopolizado por los países desarrollados y sus trasnacionales, lo cual mantiene al Sur global en el subdesarrollo,4 la dependencia tecnológica, el colonialismo epistémico y en su rol de proveedores de materias primas (desde la colonización). Más aún, la dominación científica y el monopolio tecnológico es facilitada por el papel subordinado que juega la burguesía local de los países periféricos: importación o compra de royalties a las trasnacionales del Norte para sus empresas. No le interesa invertir ni que se invierta en educación, ciencia y desarrollo de tecnología para la solución de problemas concretos de la realidad nacional o regional (Dussel 2014a; 2014b). Todos estos rasgos se acentuaron más con el neoliberalismo, al punto de que la inversión en ciencia y tecnología (I+D) en el Ecuador a mediados de los 90 apenas representaba el 0.08% del PIB.5 Las políticas de ajuste estructural dictadas para Latinoamérica desde la lógica de la economía-mundo capitalista también debilitaron la inversión en educación superior pública y, como en el resto de América Latina, la universidad se mercantilizó a través de su privatización bajo la visión de un negocio rentable. En el Ecuador, las universidades privadas proliferaron desde 1992 (la mayoría de baja calidad) y se produjo una exclusión socioeconómica de los sectores populares (como los de la Sierra Central, incluido Picaihua). Por último, como parte de la mercantilización de la educación superior y la situación de dependencia, las carreras más ofertadas no eran en ciencia y tecnología, sino administración y comercio (Cuesta y Milia 2017; Ramírez 2016).
¿Había entonces oportunidad de producir otro tipo de tecnología desde el territorio hidrosocial local (para canalizar el agua) bajo estas condiciones que configuraban la red hidrosocial a nivel nacional y mundial? La respuesta no es favorable. Mas aún, el neoliberalismo también implicó la privatización de la infraestructura estatal de riego, y el grave retroceso del Estado en materia de planificación, redistribución e inversión social en este campo, sumado todo al empobrecimiento rural (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016). Toda esta red hidrosocial anulaba las posibilidades de producir o adquirir infraestructura hidrosocial para agua potable y producir o adquirir instrumentos tecnológicos (bajo sus criterios) con el objetivo de tener alternativas para la canalización del agua en beneficio de la comunidad de usuarios. En este contexto, la concepción de territorio hidrosocial vernáculo que debe ser defendido pierde fuerza, pues la gestión comunitaria del agua se acentuaba en una red hidrosocial injusta.
El segundo momento del territorio hidrosocial local de Picaihua está enmarcado en el proyecto político de izquierda de la denominada Revolución Ciudadana, el cual produjo un cambio sustancial en la red hidrosocial a nivel de país a partir de 2008. Este proyecto político apuntó a transformaciones estructurales para superar el neoliberalismo, es decir, no se trató de una alternativa al desarrollo capitalista, sino que buscó y construyó una alternativa de desarrollo posneoliberal dentro del capitalismo en el Ecuador (Arsel, Hogenboom y Pellegrini 2016; Vásquez 2018). Por ello, esta etapa posneoliberal fue denominada desde la corriente dominante de la ecología política latinoamericana (decolonial o posestructuralista) como “neodesarrollista”, “neoextractivista” o “extractivismo neodesarrollista” (Svampa 2011; Gudynas 2011; Arsel, Hogenboom y Pellegrini 2016).6
Estas denominaciones pretenden describir los procesos políticos posneoliberales como proyectos basados en la “política de desarrollo extractivista” que, para la ecología política latinoamericana, significaría mantener el “modelo extractivista”, el cual sería el fundamento de todos los problemas sociales y ambientales (hidrosociales también). Considerado como la estructura económica base del país que no se cuestionó, la novedad en los proyectos políticos posneoliberales sería el fuerte protagonismo de la institucionalidad estatal para captar los ingresos fruto de las actividades extractivas de recursos naturales y financiar así las políticas sociales y el desarrollo de infraestructura pública (Gudynas 2012; Svampa 2011; Arsel, Hogenboom y Pellegrini 2016). Dentro de este enfoque, se produciría incluso una profundización del “modelo extractivista” para financiar la inversión social mediante ingresos estatales (por eso lo llaman “neoextractivista”). Mas aún, la “política de desarrollo extractivista” se apoderaría de todas las lógicas de otras actividades del Estado.
Como menciona Chávez (2015), se trata de una caracterización que hace de una actividad económica específica (las industrias extractivas) o de un momento del capital (la relación técnica del trabajo) el centro de toda situación histórica concreta a partir de criterios que se limitan a su descripción. Además, se atribuye a esta caracterización los efectos que provienen de la dinámica concreta del capital y no necesariamente de la particularidad de esas actividades extractivas (Chávez 2015). Galafassi (2018) argumenta que los que idean el extractivismo o el neo-extractivismo, como un modelo autónomo desde la ecología política latinoamericana, están planteando como falsa novedad un momento asociado al proceso de acumulación capitalista y la división internacional del trabajo, el cual tiene cinco siglos de existencia y fundamenta toda la historia latinoamericana como periferia del sistema-mundo. Aun con los cambios tecnológicos en el proceso extractivo, no tiene sentido que con cada renovación se acceda a un nuevo (neo) proceso extractivo o un nuevo (neo) proceso de acumulación (Galafassi y Riffo 2018). En sentido, no tiene cabida el “neoextractivismo” como concepto descriptivo para toda una nueva etapa (posneoliberal), menos aún considerar que la “estructura económica sin cuestionar” es el “modelo extractivista” y no el capitalismo mundial.
El enfoque del presente trabajo para analizar la red hidrosocial posneoliberal no se asienta en este concepto fetichista de extractivismo, más bien incorpora la categoría de división internacional del trabajo a escala de sistema-mundo, para no ocultar las transformaciones sustanciales y factibles (dado el potencial estratégico) que dieron origen a la etapa posneoliberal a nivel nacional. Fuera de la matriz conceptual del neoextractivismo, se puede afirmar que el proyecto político posneoliberal en el Ecuador fue algo más que el producto de un aumento de ingresos estatales por medio del “extractivismo” para la inversión social: confrontó la visión de las relaciones económicas como subordinadas a la lógica del mercantil con un enfoque nacional-popular de la economía, políticas de redistribución de riqueza, derechos laborales frente al capital, inversión pública y de pretensión de justicia social en todos los campos (Nieto-Carrillo 2021; Arroyo 2015). La creación de una nueva Constitución de la República (2008) en este periodo hizo posibles transformaciones que lograron el fortalecimiento de la intervención estatal, a tal punto que fue llamado el “Retorno del Estado” al recuperar el sentido de lo público, el rol estatal en la implementación de políticas redistributivas y de bienestar social en la prestación de servicios. El Estado asumió entonces el papel preponderante en el manejo político-económico del país a través de una planificación centralizada y de soberanía nacional frente al privatizador modelo neoliberal (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016; Arroyo 2015; Nieto-Carrillo 2021).
En este contexto, la política hidrosocial neoliberal (impuesta por el FMI) fue desplazada por la Constitución del Ecuador del 2008 que prohibió explícitamente la privatización o acaparamiento de agua, estableciendo al Estado como Autoridad Única del Agua en el país, responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016; Arroyo 2015; Foro de los Recursos Hídricos 2013). Se creó así la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), que sería la institución estatal encargada de ejercer la Autoridad Única del Agua con el objetivo de elaborar políticas sectoriales hidrosociales para garantizar el derecho humano al agua y de ejecutar acciones de autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua. La rectoría, regulación y supervisión la realizaba junto a otras dos instituciones creadas: la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y Empresa Pública del Agua (EPA) (Arroyo 2015). Al mismo tiempo, se reconoció la gestión comunitaria de los sistemas de agua como sucedió con el caso de la Junta de Agua de Picaihua. Desde junio de 2009, varias de ellas empezaron su proceso de legalización bajo la figura de Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (JAAPRE) (Foro de los Recursos Hídricos 2013).
La Junta de Agua de Picaihua, ahora transformada en Administradora de Agua potable y Riego, tuvo entonces representación legal e institucional reconocida por la SENAGUA y la respectiva asignación de recursos en una planificación vertical. El estudio realizado por Moreano et al. (2016) confirma la percepción de la Junta de Picaihua sobre el rol de la Secretaria del Agua, al mostrar que a nivel nacional las Juntas de Agua no rechazaban la figura de la “autoridad única del agua”, pues la recuperación de la centralidad del Estado después de décadas de dispersión era vista como positiva. Por otro lado, el trabajo conjunto que la Junta de Agua de Picaihua comenzó a tener en este periodo con el GAD de Picaihua, se explica por la entrada en escena de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en la red hidrosocial a partir del 2012, cuando el Consejo Nacional de Competencias (CNC)7 les transfiere las competencias para la gestión hidrosocial, tales como: la asistencia técnica especializada (capacitación y formación), la planificación y construcción de obras de riego, y la prestación de servicios de agua potable y saneamiento (Arroyo 2015; Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016). Una consecuencia directa de aquello fue que, en ese mismo año de 2012, la Junta Administradora de Agua Potable de Picaihua y el GAD provincial conjuntamente construyeran en la parroquia de Picaihua el sistema de agua potable que dotó del servicio a 16 caseríos.8
La asignación de competencias a los GADs en la gestión hidrosocial vino acompañada de inéditas políticas de asignación de recursos e inversión pública a nivel nacional. En comparación con la red hidrosocial neoliberal, los recursos transferidos del Gobierno Central a los GAD se multiplicaron por siete en el periodo posneoliberal, esto es, de apenas 344 millones de dólares (al finalizar los años 90) a 2,454 millones de dólares (entre 2006-2015). De la misma forma, la inversión pública hidrosocial en la etapa posneoliberal alcanzó los 1,560 millones de dólares entre 2007-2016, cifra dos veces superior a los 732 de inversión en la década previa (neoliberal) (SENPLADES 2017).9 Al analizar estas transformaciones a nivel nacional y su interconexión con el territorio hidrosocial de Picaihua, se puede notar el impacto a escala local: en 1990 solo el 4% de las viviendas en Picaihua disponían de agua en su interior, para 2010 llegó al 49%, con el 68.9% del acceso al agua potable procedente de la red pública (GAD-Picaihua 2015).
En este contexto, la Junta de Agua fue incorporada en la red hidrosocial posneoliberal como parte de la planificación pública, con el objetivo de que pudiese trabajar conjuntamente para saldar la deuda social de acceso al agua que en la red hidrosocial neoliberal quedó pendiente por las políticas de ajuste hídrico. La recuperación del Estado como regulador en la gestión hidrosocial (pública) fue entonces parte de una praxis política de liberación, pues fue una acción estratégica (factible empíricamente dado el potencial estratégico) que puso en cuestión estructuras hegemónicas en el Ecuador: el modelo capitalista neoliberal que supedita al mercado (nacional y mundial) todas las relaciones económicas (privatizaciones, políticas de austeridad y “ajustes estructurales” del FMI). Por ello, implicó avances en justicia hidrosocial a nivel de país como demuestran Arroyo (2015), Moreano et al. (2016) y este caso de estudio en el presente trabajo.
Sin embargo, esta transformación de la red hidrosocial a nivel nacional en el Ecuador, como toda praxis política, también provocó un efecto negativo relacionado con la gestión comunitaria en el territorio hidrosocial local. A raíz del establecimiento de las políticas públicas de manera vertical (de arriba hacia abajo), con una visión tecnocrática desde el Estado, los testimonios en Picaihua muestran que existían dificultades en la coordinación, entendimiento y mecanismos para la planificación entre la Junta de Agua e instituciones como la SENAGUA y los GAD. Además, una vez legalizadas las Juntas y reconocida la gestión comunitaria, surgió la inconformidad respecto a la permanente evaluación de esta gestión comunitaria según el reglamento de la SENAGUA.
En efecto, la Secretaría Nacional del Agua disponía a las Juntas Administradoras de Agua Potable el cumplimiento del plan de mejoras aprobado por este organismo y se les designó la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y riego. Mientras tanto, a los GADs se les otorgó mayores competencias hidrosociales en una relación jerárquica superior con las Juntas de Agua (Arroyo 2015). Las Juntas de Agua estaban obligadas a entregar información de su gestión a pedido de la SENAGUA, quien autorizaba los planes hidrosociales y fiscalizaba el cobro de tarifas (de acuerdo con lo establecido en la ley), los estados financieros, la infraestructura y la cantidad de recursos necesarios para operar y mantener adecuadamente los sistemas de agua (Chungata 2017; Arroyo 2015). En consecuencia, Chungata (2017) muestra que en el cantón Ambato (donde se encuentra Picaihua) las Juntas de Agua presentaron grandes dificultades para elaborar un modelo eficiente de gestión hidrosocial coherente con los lineamientos de la SENAGUA y en su mayoría carecían de un reglamento interno para la rendición de cuentas, planes de acción, organigramas, estrategias políticas, etc. Esto ha provocado desacuerdos internos, desorganización, falta de capacitación de los miembros y asignación de tareas, disputas con los GADs en la gestión hidrosocial, fallas en la aplicación de planes, y una disminución de la participación de los usuarios en las Juntas de Agua.
De este modo, aunque el reglamento de la SENAGUA y la Constitución del 2008 reconocen las formas de gestión comunitaria del agua y la posibilidad de alianzas público-comunitarias, no hay un desarrollo normativo de la ley y esto ha limitado la puesta en práctica de este mandato constitucional. Por otra parte, tampoco se definen los mecanismos de cogestión del agua entre los GADs (que ahora poseen competencias en materia hidrosocial) y las Juntas de Agua Potable y Riego, derivando finalmente en una relación de subordinación de los actores públicos sobre los actores comunitarios, y no de confluencia de voluntades y capacidades (Arroyo 2015, Foro de los Recursos Hídricos 2013). Si bien los usuarios poseen gran influencia en las Juntas de Agua mediante las Asambleas de Usuarios respecto a las acciones a tomar, estas solo tendrían una autonomía administrativa, financiera y de gestión interna de las Juntas, con reducida posibilidad de elegir formas propias de estructuración hidrosocial, es decir, constituirse en territorios hidrosociales vernáculos.
Este efecto negativo que produjo la red hidrosocial posneoliberal puede resumirse así: la tensión creada entre la gestión pública y la gestión comunitaria. En otras palabras, el poder estatal que se confronta con el poder comunitario (Arroyo 2015; Foro de los Recursos Hídricos 2013). Como señala Arroyo (2015), el proyecto político de la Revolución Ciudadana que dio origen a la red hidrosocial posneoliberal estuvo definido por el protagonismo del Estado en la prestación de servicios públicos, es decir, el poder estatal centrado en la redistribución de recursos, regulación y control en función del interés público, enfrentado al poder del mercado como fuente de asignación ineficaz e inequitativa en beneficio de privados (la dicotomía público-privado en la prestación de servicios y distribución de riquezas). El conflicto que se produjo ahora en la red hidrosocial posneoliberal entre la gestión pública y la comunitaria no significa que estas se contraponen en sí mismas, el fondo de esta tensión es la concepción sobre la participación (Arroyo 2015; Foro de los Recursos Hídricos 2013). Si se tiene pretensión de justicia en la praxis política, el fomento de la gestión comunitaria del agua, para que sea constituyente de una democracia participativa, no puede ser aupada por organismos como la USAID en el marco de crear poder blando y ejercer control político desde abajo para presionar la fragmentación estatal mediante la descentralización, impulsando de esta manera una red hidrosocial neoliberal a nivel de país y, a escala mundial, una hidropolítica del FMI a favor del centro dominante en la economía-mundo capitalista.
Sin embargo, como se evidencia, en la red hidrosocial posneoliberal del Ecuador la planificación vertical desde el Estado no dio paso a una participación real desde las organizaciones sociales o comunitarias en la gestión del agua, pues esta no fue institucionalizada en una democracia participativa. La dificultad que tuvo el proyecto político posneoliberal en hacer esto fueron las acciones tomadas para la descorporativización de la gestión estatal en el marco de recuperar el rol del Estado en el establecimiento de políticas públicas desde un proyecto nacional y no según intereses particulares de cada sector (SENPLADES 2017). Como explica Pachano (2000), el sistema político ecuatoriano desde los 80 estuvo marcado por un fuerte clientelismo corporativista, el cual representaba la forma de relación entre la sociedad y el sistema político (incluyendo el Estado y los partidos políticos). Entendiendo como relaciones y prácticas clientelares aquellas que procesan las demandas sociales mediante una permanente negociación de espacios, asignación de recursos públicos y prebendas mediadas por partidos políticos para individuos o sectores sociales organizados.
En la etapa neoliberal del Ecuador, las redes clientelares se organizaban sobre todo como negociación colectiva de bloques ligados a actividades específicas (bloque bananero, camaronero, etc.) o de formas de representación gremial (organizaciones sociales de profesores, sindicalistas, indígenas). Este clientelismo corporativista se posicionó como la principal forma de intercambio político, en una suerte de comportamiento utilitario e inmediatista que usaba las instituciones estatales para los intereses estrictamente particulares de cada sector organizado. El clientelismo penetró así la totalidad del sistema político ecuatoriano, adaptando todas sus instituciones (incluyendo los partidos políticos) al procesamiento de demandas y conflictos con poco apego a la consolidación institucional pública, donde la participación se daba por fuera del diseño institucional estatal. Esto resultó en la desinstitucionalización del Estado y convirtió el sistema político ecuatoriano en un “cascarón vacío” (Pachano 2000).
En general, las redes clientelares corporativistas en la etapa neoliberal del Ecuador profundizaron el debilitamiento del Estado como procesador de demandas sociales mediante políticas públicas, pues esta lógica imposibilita también construir un proyecto político que busque la agregación de intereses a nivel nacional (Pachano 2000). Así, se favoreció la descentralización estatal y el deterioro de lo público, pues el clientelismo corporativista permitió a ciertos sectores sociales organizados y partidos políticos acomodarse a la lógica mercantil y privatizadora de las políticas de ajuste estructural en beneficio de poderes económicos nacionales y transnacionales.10 El proyecto político posneoliberal, en cambio, tuvo la novedad de tener una praxis política de agregación de intereses en un proyecto global e integrador a nivel nacional, más allá de las demandas inmediatas y utilitaristas de ciertos sectores sociales. De esta manera, el Estado se fortaleció en la planificación político-económica para procesar las demandas sociales mediante políticas públicas, eliminando de la gestión estatal instituciones y lógicas que eran parte de la red clientelar corporativista que el Estado mantenía con organizaciones sociales, gremios o bloques ligados a actividades específicas (en nombre de la participación o de una abstracta gestión comunitaria). El fondo de los problemas derivados de la tensión entre la gestión pública y comunitaria (local) en la red hidrosocial posneoliberal se sitúa entonces en la recuperación del rol estatal como regulador y planificador de la política económica con base en un proyecto político nacional que potenciaba la democracia representativa, pero que no logró institucionalizar también una democracia participativa en reemplazo del clientelismo. Como menciona Pachano (2000), esta lógica es difícil de erradicar puesto que es un problema estructural del sistema político ecuatoriano (no solo del Estado), en el que partidos políticos, organizaciones sociales y gremios se han adaptado a funcionar desde el corporativismo como mecanismo informal de participación política según sus intereses.
Frente a este complejo escenario, la influencia de la acción estatal en la red hidrosocial de la etapa posneoliberal requiere ser estudiada desde una teoría crítica del Estado que no explique a priori la realidad. Estudios fundamentales de la ecología política del agua latinoamericana brindan un concepto del Estado intrínsecamente negativo desde la visión fetichizada de los proyectos políticos posneoliberales latinoamericanos (neoextractivistas o neodesarrollistas), argumentando que estos establecieron límites a la avanzada neoliberal pero no atacaron el funcionamiento del “modelo económico dominante”.11 Así, afirman que los territoritos hidrosociales son lugares de resistencia en contra del poder estatal que representa el orden hidroterritorial dominante, pues el Estado seguiría actuando con base en los principios del mercado como facilitador de la política de privatización (transnacional) y despojo del agua en los procesos extractivistas. Además, privilegiando un modelo de gestión estatal del agua que excluye otras formas de gestión comunitaria (local), aún en el caso de hidropolíticas redistributivas “orientadas a la inclusión” (Swyngedouw, Kaïka y Castro 2002; Ávila 2016; Boelens 2009; Boelens et al. 2016; Sanchis-Ibor y Boelens 2018; Hoogesteger, Boelens y Baud 2016). Por ello, Ávila (2016) llega a construir el concepto de “Estado en su forma invisible” para justificar a toda costa y en todo momento este rol del Estado como dominador per se aún en la red hidrosocial posneoliberal.
La razón es que el retorno del Estado en el manejo político-económico en los proyectos políticos latinoamericanos posneoliberales fue visto en clave del “modelo extractivista” que se entiende y estaba de fondo también en el neoliberalismo. En el neoextractivismo, el Estado solamente entraría a ser parte de aquel modelo, volviendo al extractivismo la política de Estado (dominadora) y en la que se basaría toda la praxis política. De esta forma, para obtener ingresos el Estado profundizó la dependencia de las exportaciones de materia prima, creando conflictos ecológicos distributivos en el territorio local en contradicción a los objetivos de reducción de pobreza y desigualdad, ejerciendo una dominación para favorecer más bien a las transnacionales extractivas (Alonso-Fernández y Regueiro-Ferreira 2022; Machado-Aráoz 2020). En esta caracterización negativa del Estado posneoliberal solo con base en una actividad específica (industrias extractivas), las políticas de inversión social y la mejora de servicios públicos en los proyectos posneoliberales no son concebidas como producto de una transformación positiva del Estado en contra de la lógica mercantil y el clientelismo, o de cambios en el “modelo económico dominante” a nivel de país. Son vistas como un simple efecto del aumento de los precios de las materias primas para exportación y la subsecuente captación de ingresos sustancialmente mayores por parte de los Estados latinoamericanos. A este “ambiente favorable” que este enfoque fetichista se piensa que “ayudó” a perpetuar el extractivismo gracias a las políticas de bienestar social se le denominó el consenso de los commodities (Alonso-Fernández y Regueiro-Ferreira 2022; Arsel, Hogenboom y Pellegrini 2016).
Situando como ejemplo el caso del Ecuador se puede demostrar lo limitada y fetichista que resulta esta caracterización hecha por la corriente dominante de la ecología política latinoamericana, la cual termina reforzando la concepción del poder estatal como dominación en cualquier proceso político nacional al que debe enfrentarse desde el territorio local “vernáculo” en un cierto anarquismo antinstitucional.12 En Ecuador, como parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana, el rol estatal en la gestión de los recursos naturales incluyó la aplicación de políticas económicas soberanas y de bienestar social que lograron la renegociación de los contratos petroleros con las transnacionales extractivas. El resultado de esto fue un mayor beneficio para el Estado en la repartición de renta petrolera con las trasnacionales, permitiendo que este obtuviera ingresos adicionales a los presupuestados entre 2011 y 2014, los cuales fueron priorizados para inversión social mediante política estatal (SENPLADES 2017).13 No fue entonces el mero efecto del boom de los commodities lo que dio lugar a la etapa posneoliberal, sino una transformación estructural del Estado y del modelo de desarrollo económico interno (aún como país capitalista periférico) en una praxis política con pretensión de justicia que puso en cuestión al neoliberalismo mediante la inversión social y las políticas redistributivas desde el Estado. En efecto, el estudio de Beal et al. (2015) muestra que Ecuador fue el único de todos los países exportadores de petróleo14 que superaba la media en convertir su riqueza petrolera y su crecimiento económico en bienestar social durante el boom petrolero (Beal, Rueda-Sabater y Heng 2015). El argumento del boom de los commodities (neoextractivismo) como explicación del proyecto posneoliberal en Ecuador queda aún mas débil al analizar el ingreso petrolero real per cápita. En el periodo 1971-2006 (boom petrolero y neoliberalismo), el promedio fue de 316 USD, mientras que en el periodo 2007-2015, la etapa posneoliberal, el promedio de ingreso petrolero fue menor: 297 USD (Presidencia de la República del Ecuador 2016). Por último, hay logros que no dependen del precio de las materias primas, por ejemplo, la disminución de la desigualdad en el ingreso en la etapa posneoliberal de Ecuador (SENPLADES 2017).
Sin embargo, para poder explicar otra concepción del poder estatal es necesario diferenciar entre los efectos negativos propios de la praxis política posneoliberal desde el Estado y los problemas estructurales del Ecuador como efecto de la relación de dominación en el capitalismo mundial. Esto quiere decir, no atribuir a un supuesto modelo extractivista lo que en realidad se fundamenta en la estructura del sistema capitalista como economía-mundo que tiene 500 años de existencia: la división internacional del trabajo (Galafassi y Riffo 2018). En ella, los países periféricos se encuentran en una situación de dependencia estructural (por su bajo nivel de industrialización) que asegura la acumulación capitalista de las potencias. Superar esta relación de dominación desde un solo Estado y a corto plazo, es empíricamente imposible (Linera 2013; Dussel 2014a). En este sentido, no considerar esto y concebir el Estado como dominador desde la visión “neoextractivista” deriva en negar el Estado posneoliberal en provecho de las potencias capitalistas, sus trasnacionales y las oligarquías intermediaras nacionales, que abogan por un Estado mínimo y débil en los países periféricos (regresar al neoliberalismo) el cual fortalezca la dependencia, su control político y permita maximizar la transferencia de plusvalor al centro en el mercado mundial.
Todo esto nos lleva también a considerar el potencial estratégico a escala nacional y mundial de la praxis política para la transformación y otra visión del Estado en la etapa posneoliberal. Los proyectos políticos posneoliberales latinoamericanos representaron una izquierda con vocación de ejercer el poder estatal, en una etapa creativa de transformaciones posibles que cuestionaron estructuras vigentes dominadoras, representado un peligro concreto para el orden vigente. No se trató de la izquierda que permaneció en el momento de la crítica de un proceso político al no poseer una propuesta empíricamente posible de creación de lo nuevo a nivel nacional y que por ello en Ecuador se acomodó al funcionamiento del orden político neoliberal a través del clientelismo o corporativismo. Por otra parte, el progresismo latinoamericano propuso un proyecto de país concreto (agregación de intereses en un proyecto nacional ), mediante acciones empíricamente posibles con pretensión de justicia, dadas el potencial estratégico (nacional y/o mundial), es decir, las relaciones de poder. Esto necesariamente llevó a una praxis con realismo crítico (no un conservadurismo reformista) en los proyectos posneoliberales que permitió, principalmente por otra concepción del Estado, cambiar parcialmente esa correlación de fuerzas y abrir camino a transformaciones más profundas. En este sentido, Lenin sostenía que los proyectos políticos concretos revolucionarios deben trabajar pacientemente con la pesada herencia del capitalismo y así evitar caer en la praxis reaccionaria y contrarrevolucionaria que denominaba como “enfermedad infantil” de la izquierda (Lenin 1974).
Analizar el rol del Estado en la etapa posneoliberal dentro del potencial estratégico es entonces concebir la dimensión dialéctica y relacional de la existencia del Estado. El Estado no es un ente monolítico, sino un sistema de instituciones estructuradas en un marco de relaciones dinámicas, contradictorias y en constante tensión respecto a cada etapa del proceso latinoamericano (Galafassi 2014). Por ello, en caso de aterrizar en el presente estudio la conceptualización del Estado como constituyente de un proyecto “neoextractivista” para explicar el rol estatal en la red hidrosocial posneoliberal, podría acabar en la ceguera de la teoría, dogmatismo que menciona De Sousa Santos (2011) o en un espíritu reaccionario, corporativista, en la praxis política concreta de la que habla Lenin (1974). Si bien, como argumentan Sanchis-Ibor y Boelens (2018), el rol del Estado en los proyectos posneoliberales latinoamericanos pudo derivar en la aplicación de políticas hidrosociales de bienestar de “arriba hacia abajo” desde un Estado con visión tecnocrática, colonial y modernizante que aplasta otras formas de administrar el agua, aún así otra pregunta esencial es: en la praxis política concreta, ¿el rol del Estado en la red hidrosocial posneoliberal propició mayor justicia social en el territorio local respecto a la red hidrosocial neoliberal en Picaihua? Si es así, ¿qué cambios en la concepción del Estado hubo para la transformación de las redes hidrosociales y del territorio hidrosocial? Aun más: ¿qué tipo de Estado es más propicio para erosionar la división internacional del trabajo?
Para una ecología política del agua que pueda tener también una concepción positiva del Estado, es necesario entender a un proceso político concreto como diacrónico, es decir, como un proceso de etapas sucesivas donde las definiciones en política pueden cambiar de acuerdo con lo que acontece en la realidad, sin conceptos unívocos ni totalizantes (Dussel 2020). Así, el análisis crítico del Estado no partiría de un concepto a priori negativo, sino que cambiaría de forma dialéctica y relacional conforme a lo que ocurre en la realidad concreta. Además, como señala Brand (2011) el Estado puede concebirse como un terreno de lucha en el que están presentes las diferentes fuerzas sociales y políticas, que intentan posicionar sus intereses y con una relación asimétrica que puede cambiar (Brand 2011). En el caso del territorio hidrosocial de Picaihua, el Estado mostró dos tendencias distintas en relación con sus políticas hidroterritoriales según el proyecto político vigente.
En la etapa neoliberal latinoamericana, De Sousa Santos (1998) nos habla de una fase de “Estado irreformable”, el cual parte de una concepción negativa del Estado (intrínsecamente ineficaz, propenso al fracaso), derivando en promover un Estado mínimo que solo permita el funcionamiento del mercado (De Sousa Santos 2004). Así, la institucionalidad del Estado en la red hidrosocial neoliberal del Ecuador era débil, dispersa y al servicio de los intereses de las élites locales que guiaban la dinámica de privatización y apropiación desigual del agua en el país. Los territorios hidrosociales, que a escala local gestionan de manera comunitaria el agua, eran parte de una red hidrosocial donde las políticas neoliberales desde el Estado agravaron los problemas de acceso al recurso hídrico, creando escasez no por la ausencia física de agua, sino por la falta de inversión social y desigualdad en el acceso al agua. En este contexto, el Estado fragmentado y desmantelado en el servicio público permitió garantizar los intereses de grupos privados, poderes económicos nacionales y transnacionales, mientras marginalizó los intereses comunitarios, populares o de pequeños productores. En este caso, la tendencia predominante en el Estado sí era facilitar los procesos de privatización y el concepto de Ávila (2016) sobre el Estado puede explicar la realidad. En efecto, la constitución del Ecuador de 1998 promovía explícitamente la privatización del agua, el recorte a la inversión hidrosocial, pues a nivel nacional las instituciones estatales promovían las políticas de “ajuste hídrico” y actuaban por medio de una red clientelar a favor de grupos particulares, en detrimento de la gestión pública y comunitaria (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016).
Por otra parte, entender el nuevo rol del Estado que fue constituyendo la etapa posneoliberal, implica tener una concepción positiva del Estado y del poder político. Cuando se habla de “relaciones de poder” en la praxis política, se continúa pensado implícitamente al poder como dominación desde una visión eurocéntrica.15 Es por ello que, desde la ecología política latinoamericana, se aboga por una democracia participativa desde los territorios hidrosociales locales, la cual puesta en contra del poder estatal pensando que una democracia representativa es per se un ejercicio del poder como dominación desde el Estado (Sanchis-Ibor y Boelens 2018). Sin embargo, un concepto de poder distinto, para captar de mejor manera el rol del Estado posneoliberal, es el trabajado ampliamente por Enrique Dussel desde la praxis política latinoamericana: el poder político como voluntad de vida de un pueblo. Esto se denomina un poder obediencial, en donde los que mandan mandan obedeciendo como lo enuncian los zapatistas en México (Dussel 2006). Una visión del poder político que de hecho es coherente con su fin mismo: afirmar la vida de la comunidad. Esta concepción permite tener otro tipo de horizonte en la praxis política, pues concibe al pueblo como la sede del poder y las instituciones como mediaciones para objetivar el poder del pueblo y afirmar su vida en un ejercicio delegado del poder. De este modo, el representante ejerce un poder obediencial y la institución estatal sirve a la comunidad, y no se sirve de ella (Dussel 2009).
En el Estado posneoliberal, las relaciones asimétricas en el Estado cambiaron de tal modo que el ejercicio de un poder obediencial desde la institucionalidad estatal fue la tendencia predominante en muchos campos. Evidencia de esto fueron las políticas redistributivas y de bienestar social, se objetivaron en el territorito hidrosocial de Picaihua en la inversión pública que solventó las necesidades de acceso al agua de forma que la institución estatal sirvió a la comunidad (al igual que en otros territorios donde las Juntas de Agua estuvieron de acuerdo con el retorno del Estado).
Esto no quiere decir que el nuevo Estado de la red hidrosocial posneoliberal, como sistema de instituciones reales y concretas, no se pueda fetichizar o no se haya fetichizado en alguna escala con el paso del tiempo dando lugar a propios e inevitables efectos negativos. Precisamente, esta otra manera de pensar el poder permite reconocer que las instituciones del ejercicio delegado del poder son siempre ambiguas y pueden fetichizarse (el representante se aleja del representado). Si se corta la relación con el pueblo (que es el soberano) y la institución se cree la sede del poder (autorreferente), entonces la institución se vuelve dominadora (se corrompe, se fetichiza, se burocratiza) y para volver a un ejercicio obediencial del poder deben de nuevo transformarse (Dussel 2006). En este escenario, el Estado neoliberal estaba completamente fetichizado, es decir, el representante se alejó abismalmente del representado, ejerciendo un poder como dominación que debilitó el poder del pueblo impidiendo la afirmación de su vida (Dussel 2006). De este modo, en la red hidrosocial neoliberal fue el FMI el que, facilitado por un Estado dominador, imponía políticas de ajuste hídrico que oprimían el pueblo.
Esta inevitable fetichización de las instituciones es un factor que puede explicar en parte la tensión pública-comunitaria en la red hidrosocial posneoliberal del Ecuador. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la razón fundamental de esta confrontación fue la dificultad del proyecto político posneoliberal para construir una democracia participativa institucionalizada sin volver al clientelismo corporativista como mecanismo de procesamiento de demandas de actores sociales y políticos. En este sentido, a la tendencia a ejercer un poder obediencial desde el Estado posneoliberal, las organizaciones sociales proponían articular una democracia participativa como parte de la red hidrosocial posneoliberal a escala nacional. Moreano et al. (2016) explican que se planteaba la creación de otra institución estatal distinta a la SENAGUA: un Consejo Plurinacional del Agua. El objetivo era contar con la participación directa de las organizaciones sociales en la toma de decisiones sobre el manejo de agua y así incluir las diversas formas de uso según las cosmovisiones de los territorios hidrosociales locales (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016). Sin embargo, esto no fue aceptado por ser incompatible con el proyecto político posneoliberal que buscaba la agregación de intereses en un proyecto de país (dirigido desde el Estado ecuatoriano) que implicaba la descorporativización de la gestión estatal. Como mencionan Sanchis-Ibor y Boelens (2018), la gestión del agua desde el Estado posneoliberal tendió a excluir lógicas de gestión del agua, que tenían lugar en los territorios hidrosociales locales, en lugar de potenciarlas.16
De hecho, Arroyo (2015) sostiene que, en términos de participación, las Juntas de Agua y sus asambleas quedan estancadas en la categoría de usuarios o clientes, sin mecanismos que impliquen un poder de decisión en la definición de las políticas hidrosociales en el territorio local. Más aún, la visión de participación en la ley ecuatoriana se reduce a un nivel informativo y consultivo. Al negar la democracia participativa por superar el clientelismo en la red hidrosocial posneoliberal, el otorgamiento de las competencias hidrosociales a los GADs parroquiales y provinciales, más cercanos al territorio hidrosocial local, fue un intento por descentralizar la gestión estatal del agua. Sin embargo, como se explicó, la gestión del agua desde los GADs se dio igualmente en una relación vertical y subordinada con las Juntas de Agua (Chungata 2017; Arroyo 2015; Foro de los Recursos Hídricos 2013).
Ahora bien, esto no cambia la tendencia del ejercicio de un poder obediencial desde el Estado, pues aún primaban las políticas públicas redistributivas, de inversión y bienestar social por encima de la lógica empresarial, mercantil y privatizadora de no regular la acumulación de capital. Si desde la ecología política del agua la crítica al proceso político posneoliberal es la centralización estatal de la gestión del agua en perjuicio de la gestión comunitaria, es necesario preguntarse lo siguiente desde la misma teoría crítica con base en lo expuesto en este estudio: ¿cuáles son las condiciones más favorables para institucionalizar una democracia representativa articulada a una democracia participativa desde los territorios hidrosociales locales? ¿Las condiciones neoliberales o las propiciadas en el proyecto posneoliberal?
Por último, queda por explicar también el rol y concepción del Estado posneoliberal en su interconexión con la escala internacional. La agenda de la globalización neoliberal, como forma actual de la economía-mundo capitalista, presiona a los Estados periféricos para favorecer políticas que apunten a la gestión privada del agua, mercantilizando este recurso para el beneficio de grandes trasnacionales (Arroyo 2015). En la lucha por los recursos naturales, las potencias capitalistas desarrolladas y sus transnacionales buscan controlar mediante diversos mecanismos los recursos hídricos de regiones del Sur global y de esta manera asegurar su acceso exclusivo a ellos en el presente y a futuro (Borón 2014). En efecto, Naidoo y Harden (2006) argumentan que los conflictos violentos por el control del agua entre países amenazan con incrementarse de forma alarmante, posicionándose como una de las luchas estratégicas contemporáneas. En América Latina, las tensiones geopolíticas respecto a la disponibilidad y acceso al agua involucran directamente a Estados Unidos como potencia económica y militar, ejemplo de ello es la presencia de una base militar estadounidense en Paraguay dentro de un sector estratégico: el enorme Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo (Naidoo y Harden 2006). En conexión con la ofensiva militar imperialista, la hidropolítica del sistema internacional allana el camino a la “conquista del agua” al imponer la agenda de privatización del recurso hídrico en los países periféricos, mediante instituciones supranacionales (como el Banco Mundial y el FMI) que aprovechan la dependencia de los países periféricos para promover el debilitamiento y fragmentación de sus Estados periféricos, y así facilitar el control de los recursos hídricos por parte de los países centrales y sus corporaciones transnacionales (Naidoo y Harden 2006; Ávila 2016).
Surge entonces otro motivo político para una concepción positiva del Estado en los países periféricos: enfrentar al orden hidroterritorial mundial. En este contexto, no se puede asumir lo que el Foro de los Recursos Hídricos (2013) plantea en su estudio sobre la gestión del agua comunitaria en Ecuador: “superar la ausencia del Estado para apoyar la gestión de los sistemas comunitarios” (19). En el contexto de una “conquista del agua”, un territorio hidrosocial vernáculo no debería negar al Estado per se en nombre de la tensión público-comunitaria, pues estaría reforzando la tensión público-privada en provecho de intereses hegemónicos de las potencias del centro y sus transnacionales que, con más poder económico que el propio Estado, pretenden debilitarlo para facilitar los procesos de privatización y control político del agua. Por este motivo, resulta insuficiente, y en ciertos casos pernicioso, la defensa del territorio hidrosocial a escala local contra el Estado sin cuestionar el proceso de acumulación capitalista a escala mundial. En otras palabras, negar el Estado en un anarquismo antinstitucional estaría socavando los intentos de liberación a escala nacional en un país periférico y condicionando la gestión comunitaria local al retorno del Estado mínimo neoliberal, las políticas de ajuste estructural y privatizaciones, y la descentralización por medio del clientelismo corporativista. La praxis política liberadora debe apostar a la posibilidad de la creación de un Estado que afirme la vida del país en el ejercicio delegado del poder para una gestión hidrosocial al servicio del pueblo y, a su vez, construya una democracia participativa desde la gestión comunitaria a escala local.
El Estado posneoliberal era parte de un proyecto de liberación nacional que internamente propició mayor justicia hidrosocial y por esa misma razón también permitía erosionar la hidropolítica del capitalismo mundial. No obstante, tuvo efectos negativos propios y otros que son fruto de la división internacional del trabajo por el papel que cumple el país como parte funcional y explotada de la economía-mundo capitalista, base de muchos conflictos hidrosociales locales.
Las dinámicas de un territorio hidrosocial local están influenciadas por el momento histórico en el que se insertan a nivel de país y este como parte del sistema-mundo capitalista, interconexiones que conforman una red hidrosocial como una totalidad concreta. En Ecuador, los proyectos políticos neoliberal y posneoliberal configuraron las redes hidrosociales a nivel nacional de diferente manera, siendo esta última la que tuvo una praxis política con pretensión de justicia que se objetivó en la transformación del territorio hidrosocial de Picaihua, aún dentro del sistema capitalista. A su vez, la red hidrosocial posneoliberal propiciaba las condiciones más favorables para construir una democracia participativa articulada a una democracia representativa, pues esta última fue potenciada mediante la tendencia a ejercer un poder obediencial desde el Estado. La dificultad radica en que la tensión entre la gestión comunitaria y la gestión pública del recurso hídrico no sea resuelta por el clientelismo corporativista. Esta tensión debilita y fragmenta la institucionalidad Estatal para dar lugar a la instrumentalización de esta para conseguir fines privados y no públicos como en la etapa neoliberal.
En este sentido, el enfoque de la ecología política latinoamericana anclada en lo local que mira la gestión comunitaria en abstracto como práctica contra-hegemónica, la cual debe ser defendida de la planificación vertical del Estado, puede cambiar el potencial estratégico a favor de las clases dominantes nacionales y mundiales que profesan la ideología neoliberal. Sin embargo, frente al orden hidroterritorial mundial en manos de los países capitalistas desarrollados y sus transnacionales, cuya agenda impulsa el debilitamiento de las instituciones estatales para controlar el acceso y distribución del recurso hídrico en el Sur global, nace la urgencia de una concepción positiva del Estado en los países periféricos. Se trata entonces de articular luchas locales y nacionales, comprendiendo que la defensa del territorio hidrosocial local puede socavar los intentos de liberación a escala nacional si concibe al Estado como su enemigo natural, y tomando en cuenta los factores estructurales del sistema-mundo que moldean las redes hidrosociales a nivel de país y los conflictos ecológicos distributivos. Es necesario una articulación pública-comunitaria en un ejercicio de poder obediencial desde el Estado y una participación real e institucionalizada de “abajo hacia arriba” en la gestión del agua, donde las relaciones no sean de subordinación, pero tampoco clientelares corporativistas. Esta participación institucionalizada puede servir incluso como estructuras de fiscalización de las instituciones de representación, de manera que se puedan reconfigurar los territorios hidrosociales cuando se produzca una fetichización del ejercicio del poder desde el Estado posneoliberal. Esta articulación facilitaría también la lucha de liberación nacional y frustraría los intentos de crear poder blando para el control de los recursos hídricos.
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Vásquez, Juan Pablo. 2018. Conflictos y tensiones del caso ecuatoriano: cambio de régimen y desarrollo en disputa. En Fernando Estenssoro y Juan Pablo Vázquez (eds.), Perspectivas Latinoamericanas en el debate ambiental mundial: el medio ambiente y los recursos naturales como variables políticas y estratégicas de América Latina en el siglo XXI. Santiago de Chile: USACH, 327-354.
Juan Pablo Vásquez 2018Conflictos y tensiones del caso ecuatoriano: cambio de régimen y desarrollo en disputa Fernando Estenssoro Juan Pablo Vázquez Perspectivas Latinoamericanas en el debate ambiental mundial: el medio ambiente y los recursos naturales como variables políticas y estratégicas de América Latina en el siglo XXISantiago de ChileUSACH327354
[2] Práctica mileniaria indígena principalmente originada antes de la invasión de América por las civilizaciones de los Andes. Es un trabajo comunitario.
[3] En el sentido de una participación institucionalizada del pueblo en la toma de decisiones de “abajo hacia arriba”, con el fin de resolver problemas desde la realidad concreta de su territorio (Dussel 2006).
[4] Desde la lectura de Dussel (2014a) sobre Marx, subdesarrollado en el sentido de menor composición orgánica del capital nacional global en los países periféricos. Es decir, una menor proporción de descubrimientos tecnológicos y científicos “de punta” subsumida en el proceso material de producción en el Sur global. Esto no permite disminuir el valor del producto, lo cual termina aniquilando la producción nacional (incluyendo instrumentos tecnológicos) en la competencia capitalista. A su vez, esto perpetúa la dependencia y el colonialismo científico-tecnológico.
[5] En la década de los 90, la inversión no superó el 0.1% del PIB. Por otra parte, desde el inicio de la etapa posneoliberal, el rango de inversión aumentó oscilando entre 0.33-0.44% durante el periodo 2009-2014. Sin embargo, estos valores aún distan de los invertidos en los países capitalistas desarrollados (Cuesta y Milia 2017).
[6] Esta caracterización abarca también los otros procesos políticos como el de Bolivia y, en general, todos los del giro a la izquierda latinoamericano (Progresismo o Marea Rosa).
[7] Es el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias, el cual se estableció a raíz del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD 2012, 30 y 36), expedido en octubre del 2010 para el fortalecimiento institucional y especificación de competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Arroyo 2015).
[8] La Hora. 2012. “Entregarán servicio básico para Picaihua”. 16 de agosto de 2012. https://lahora.com.ec/noticia/1101378000/entregarc3a1n-servicio-bc3a1sico-para-picaihua
[9] En general, la inversión social del gobierno central aumentó sustancialmente a partir del 2006, año en que el gasto social solo representaba el 4.7% del PIB, siendo similar al de 1995 (4.4%) y 2001 (4.5%), años de la etapa neoliberal. Cuatro años después, el gasto social se duplicó alcanzando el 8.1% del PIB en 2010 (Mideros 2012).
[10] Por ejemplo, que algunas familias deban pagar altas tarifas para acceder al agua potable por medio de agua en cisternas, pues la gestión había sido captada por privados o gremios por medio del clientelismo. Otro ejemplo concreto fueron las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD), instituciones estatales creadas en 1994 como parte de los procesos de descentralización y fragmentación estatal, las cuales estaban bajo el control del sector privado (formaba parte de este ente “regulador”) para organizar el riego en los territorios locales (Moreano, Santillana y Hopfgartner 2016; SENPLADES 2017).
[11] Recordemos que en este enfoque se refiere al “modelo extractivista”, el cual se basa en priorizar la extracción intensiva de recursos naturales primarios para exportación, favoreciendo la presencia y enriquecimiento de empresas multinacionales en detrimento de los terriotorios locales.
[12] Es necesario reconocer que existen conflictos socioambientales (locales) relacionados con el agua producto de las actividades extractivas petroleras y mineras. Sin embargo, la ecología política dirige desde lo local toda su crítica al Estado en función de este aspecto técnico/instrumental que posee cualquier economía, mas no a la lógica del capitalismo que determina el proceso extractivo a nivel local, nacional y mundial.
[13] Una situación similar se dio en el sector de los contratos megamineros, con la figura de regalías anticipadas se aumentaron los ingresos.
[15] Desde este enfoque, Ávila (2016) propone una ecología política del agua para América Latina. También Swyngedouw et al. (2002) y Boelens (2009) descansan sobre esta premisa sus estudios sobre ecología política del agua y territorios hidrosociales a nivel multiescalar.
[16] De manera análoga, esto podría extrapolarse a la cuestión científica-tecnológica y la posibilidad de desarrollar instrumentos propios para la gestión del agua. En el afán por superar el capitalismo cognitivo que menciona Ramírez (2016), aún es cuestionable si la agenda de investigación científica-tecnológica impulsada desde el gobierno seguía supeditada a los temas que proponían las potencias científicas del Norte. Esto es, hacer ciencia e incentivar la producción/transferencia tecnológica en abstracto, bajo los criterios e intereses del Norte que se imponen como universales y no concretándose en las exigencias específicas del país. Esto también conduciría a excluir otras epistemologías catalogadas como irracionales.