Personas desaparecidas, búsqueda e identificación. Reflexiones desde la antropología forense en el contexto mexicano

La desaparición de personas y la respuesta del Estado

La desaparición de personas es un fenómeno social que puede y debe ser visto desde diversas perspectivas, sean políticas, económicas, científicas, pero ante todo humanitarias, puesto que nos encontramos ante una problemática que lacera a miles de personas en nuestro país, obligándolas en muchos casos, a guardar un silencio absoluto por el miedo y zozobra causados por las circunstancias de la desaparición de un ser querido, pero también confronta de manera abrupta la vida cotidiana de aquellas personas que buscan incesantemente algún rastro de sus seres queridos con acciones que son vistas desde dos aristas principales: desde la experiencia propia, o bien, ajena. En este tenor, en antropología social esto tiene relación intrínseca con las posturas emic y/o etic. Es decir, la primera perspectiva estaría relacionada cuando el sujeto pasa por esta problemática, y, la segunda, cuando el sujeto es ajeno a la desaparición de un familiar, por ende, solo observa, acompaña y/o emite juicios de valor en torno al accionar del primer grupo.

Desde el momento de la desaparición de un ser querido, las familias de las víctimas (hablamos en plural, pues hoy día se contabilizan en miles) interpelan y cuestionan a las instituciones que al menos, en la teoría y en el fundamento de estas, deberían responder con inmediatez y debida diligencia ante la violación explícita de derechos humanos fundamentales como la vida y la libertad de las víctimas. No obstante, se confrontan ante la burocratización de la ausencia, donde los familiares inician formalmente un proceso de búsqueda a través de las instituciones a cargo, dando información de sus familiares desaparecidos, proporcionando fotografías y detalles que pudieran abonar para la localización de sus seres queridos. Pasan días, semanas, años, y, en los casos de “la guerra sucia”, como veremos más adelante, quizás décadas para accionar esa estructura que, entre múltiples trámites burocráticos, perdió el objetivo de la búsqueda con vida, para concentrarse en contabilizar y agrupar dichas ausencias de acuerdo con edades, género, grupo social, lugar de origen y de los hechos, entre otros datos; todo ello para transparentar las nuevas cifras entre los discursos oficiales.

Ante esta problemática y ante los nulos o escuetos resultados de las autoridades, así como la desconfianza en sus acciones, a juicio de las víctimas, las búsquedas de personas desaparecidas se han transformado y extendido en las últimas décadas a distintas regiones del país, mediante la conformación de grupos y asociaciones que han presionado a las autoridades hasta elevar sus demandas a nivel internacional. Desde este espacio político, se han creado alianzas para el desarrollo de búsquedas efectivas, dando cuenta de que la problemática en nuestro país se ha desbordado, y la solución, coligiendo a partir de los resultados, está fuera de las manos del Estado; por ende, se buscan soluciones, como también profesionistas que abonen desde su expertise al encuentro e identificación del familiar desaparecido. Es en este escenario donde la antropología forense se encuentra hoy día en México.

La desaparición de personas es una problemática persistente y grave en nuestro país. Es un fenómeno social compartido, desafortunadamente, desde la década de los años sesenta del siglo XX con otros países de Latinoamérica, a causa de las dictaduras militares en el cono sur, donde la figura de detenido-desaparecido se reprodujo en diversos países como Uruguay, Chile, Argentina y Perú, como una forma de represión y tortura a toda persona y/o grupos que pusieran en tela de juicio el actuar del Estado; para nuestro caso de análisis adquiere connotaciones muy particulares a partir de la violencia exacerbada ejercida ya no solo por agentes del Estado (pues cabe señalar que continúa un registro de denuncias de desapariciones forzadas), sino, además, por los grupos delictivos que han proliferado, tanto como sus modus operandi en México desde la “guerra contra el narcotráfico” hasta la actualidad.

Lo anterior ha propiciado, paralelamente a las acciones del Estado, la conformación de grupos de búsqueda de personas desaparecidas, los cuales tienen su origen en la década de los años setenta bajo el contexto de desapariciones forzadas. Delito definido por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el artículo 2, como:

El trabajo de estos colectivos de búsqueda ha tenido tal relevancia que ha cambiado de forma sustantiva los marcos normativos y las leyes en nuestro país, ante los vacíos legales de esta problemática. Uno de estos instrumentos fue la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que tuvo lugar en noviembre del año 2017, y con la cual se indemnizaba una demanda social que al menos desde 1999 se tenía en pugna por la expedición de dicha ley; sin embargo, tuvieron que pasar nueve iniciativas propuestas por diferentes facciones políticas para su aprobación.¹¹ No obstante, los hechos que marcaron un antes y un después para retomar los trabajos legislativos de esta ley tuvieron lugar 18 años después, a causa de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en septiembre de 2014 (Goche 2015).

Dentro de esta ley, al fin había una tipificación del delito de desaparición cometida por particulares, la cual fue definida en su artículo 34 de la siguiente forma: “Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o su paradero”.

La ley por sí misma no ha paliado la situación actual de violencia y desaparición; no obstante, su instrumentación dio pie a la incursión por la vía legal de familiares de personas desaparecidas en las diligencias de búsqueda federales y estatales; y en otras ocasiones ante la parsimonia de agentes del Estado, se vieron obligados a salir por cuenta propia a la búsqueda de sus seres queridos en medio de un contexto de violencia generalizada sin cesar.

En este tenor, esbozamos a continuación el contexto histórico bajo el cual ha tenido lugar el fenómeno de la desaparición de personas, para, más adelante, dar cuenta de algunas incursiones de la antropología forense en este menester en busca de algo más que el encuentro e identificación de una persona desparecida: a favor de la verdad y la justicia; tarea que, implícitamente, ha forjado el desarrollo de la antropología forense para el contexto mexicano.

Contexto de violencia en México. Dos guerras, miles de desaparecidos

La desaparición de personas es una problemática social compleja, producto de contextos sociales, políticos, históricos y económicos muy específicos que, al menos para nuestro país, merece una mirada acuciosa por lo que ha detonado tanto en el ámbito comunitario como en cualquier espacio donde se sufre la desaparición de un familiar. En este sentido, es importante indagar acerca de las reflexiones epistemológicas que se han derivado desde las ciencias sociales ante esta problemática.

Si bien, la desaparición de personas ha tenido gran énfasis en nuestro país a partir del inicio de “la guerra contra el narco” declarada por el panista Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre del año 2006, apenas una semana después de haber llegado a la presidencia; pasar por alto diversos momentos históricos donde hubo personas desaparecidas es dejar en el olvido episodios que marcaron la vida de cientos de mexicanos que hasta la actualidad permanecen -y en algunos casos, murieron- sin saber qué fue de sus desaparecidos, por qué se los llevaron, quiénes se los llevaron, a dónde, y qué hicieron de ellos, interrogantes que el Estado nunca respondió, ni tuvo la intención de hacerlo, situación que continúa hasta la actualidad (salvo en algunos contados casos como abordaremos más adelante) y ha dejado en el olvido el derecho a la verdad y a la justicia, así como la oportunidad de vivir un duelo para sus seres queridos, dejando una herida abierta que marca no solo a cientos de familias, sino la historia reciente de nuestro país.

Es precisamente en torno a estos episodios de indolencia donde tiene lugar la participación de especialistas de diversas disciplinas científicas, entre ellas la antropología, desde tres de sus subdisciplinas: arqueología, antropología física y antropología social, desarrollando labores que abonan al reconocimiento del contexto social y forense de las víctimas y, a través de ello, a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Antropología forense en contextos de búsqueda de personas desaparecidas

A finales de la década de los años noventa, comenzaron a realizarse una serie de exhortos por parte de familiares de víctimas de presos políticos y detenidos-desaparecidos en torno a la desclasificación de archivos relacionados con crímenes políticos del pasado, cometidos por las autoridades bajo mando y conducción del propio Estado, enfocándose principalmente en el periodo de la guerra sucia. No obstante, dichas peticiones tuvieron éxito hasta una década después con la creación de la FEMOSPP, como ya hemos revisado. Pero, ¿qué implicaciones tuvo la creación de esta Fiscalía para la antropología? Las indagatorias que salieron a la luz llevaron a la necesidad de localizar y excavar fosas clandestinas de víctimas que fallecieron a consecuencia de la guerra interna entre el gobierno y grupos disidentes; y es justo en este contexto, cuando comienza a involucrarse un grupo interdisciplinario de antropólogos en torno a las tareas de búsqueda, recuperación y análisis, y años más tarde, en la exhumación del profesor Lucio Cabañas Barrientos, comandante de la guerrilla y dirigente del Partido de los Pobres y de los miembros del mismo partido, la de Lino Rosas y la de Esteban Mesino, en el 2003 (Jácome 2007; Jácome y Escorcia 2015).

Posteriormente, en 2007, a raíz de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General de la República (PGR) realizó las primeras prospecciones en el ex cuartel de Atoyac de Álvarez, Guerrero, dando inicio a la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla Pacheco, y demás víctimas de la guerra sucia, entre los que se enlistan 121 casos de personas desaparecidas.²⁴ Sin embargo, después de dos diligencias y ante la carencia de técnicas especializadas para su localización, la PGR se vio en la necesidad de requerir personal y equipo adecuado de otras instituciones (Sánchez y Rangel 2017). De este modo, en marzo de 2011, la PGR solicitó la participación de profesionistas en materia de antropología física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En dicha intervención se aplicó un modelo de análisis con un enfoque bioarquelógico, utilizando métodos y técnicas desarrolladas para contextos prehispánicos y virreinales, pero en esta ocasión aplicados al contexto forense (Díaz 2011; Avilés 2011).

A partir de ese evento y ante la necesidad de capacitar a su personal en las técnicas de búsqueda, recuperación y análisis de restos humanos, la PGR en colaboración con el INAH llevaron a cabo un foro titulado “Técnicas de prospección y excavación en búsqueda de restos óseos humanos”, celebrado en el Museo Nacional de Antropología, en donde investigadores de arqueología y antropología física compartieron sus conocimientos con peritos de las distintas ciencias forenses.²⁵ Anterior a esos eventos, la PGR únicamente requería de antropólogos físicos del INAH para descartar si un resto óseo era prehispánico o contemporáneo. De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 225, se establecía que si la institución no contaba con un experto, tendría que buscar peritos en otras dependencias del gobierno federal o en instituciones académicas.

En este punto cabe preguntarse, ¿desde qué momento la antropología tiene reconocimiento como ciencia forense en los contextos legales en nuestro país? La antropología forense es un campo amplio que involucra la antropología en general, así como las distintas especialidades: antropología física, arqueología, antropología social y demás subdisciplinas de la antropología; estas pueden intervenir en diferentes momentos en los casos forenses o criminalísticos (Lagunas 2009). Su implementación en el contexto legal en México se da hacia inicios de la década de los años setenta, con la incursión de los primeros antropólogos físicos en las labores de trabajo de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF) (Lagunas y Reyes 2009; Valencia y Methadzovic 2009). No obstante, se reconoce que la antropología forense comenzó a desarrollarse desde finales del siglo XIX con la llamada antropología criminal, con objetivos y una ideología completamente distinta a la actual,²⁶ más vinculada con lo que hoy conocemos como criminología.

El uso de los métodos y técnicas desarrolladas por la osteología antropológica comenzaron a implementarse en la identificación de personajes históricos, como el de Cuauhtémoc, tlatoani mexica, Moctezuma II, Sor Juana Inés de la Cruz (Lagunas y Reyes 2009). Sin embargo, es en la década de los setenta, que la antropología física forense se concibe tal y como la conocemos hoy en día con la incursión de los antropólogos físicos²⁷ en trabajos de identificación humana a partir de restos esqueletizados, recuperados por la PGJDF. De esta manera, especialistas en la materia comenzaron a ser consultados para la identificación de restos óseos humanos vinculados con un contexto legal (Lagunas y Reyes 2009; Valencia y Methadzovic 2009). Asimismo, algunos otros colegas se integraron laboralmente en los servicios médicos forenses (Semefos) de distintas dependencias de gobierno.²⁸

Hasta la década de los años noventa, se reconocía únicamente a la antropología física como antropología forense. De hecho, en la memoria editada de un conversatorio internacional organizado en 2017²⁹ por Anne Huffschmid (Freie Universität Berlín), el Equipo Mexicano de Antropología Forense³⁰ (Diana Bustos Ríos) y la Colectiva de Intervención ante las Violencias (Celeste Perosino), responden a la pregunta: ¿qué entendemos, exactamente, por antropología forense?, las académicas contestan: “Nos referimos a una rama de las ciencias forenses que aplica los principios, técnicas y metodología de la antropología física, aquella que se ocupa del cuerpo humano, a un contexto médico-legal.”

No obstante, sabemos que la antropología forense incluye todas las disciplinas de la antropología, que si bien inicia con la aplicación de los métodos y técnicas propias de la antropología física, la emergencia forense por la que atraviesa el país, particularmente con el problema de personas desaparecidas y los nuevos patrones de violencia como los descritos hasta este momento, ha requerido que la práctica forense dé un giro y se implementen nuevos conocimientos desarrollados en especialidades como la arqueología, particularmente para los casos de búsqueda, exhumación y recuperación de contextos forenses. Por otra parte, la antropología social debería llevar a cabo la recopilación de datos sobre la persona desaparecida, que permitan contrastar y/o confrontar la información ante mortem con los datos post mortem (AM-PM). Además de la relevancia que tiene la antropología social para indagar de forma interdisciplinaria en análisis de contextos socioculturales en torno a las desapariciones y/o fosas o lugares de inhumaciones clandestinas.

Desde mediados de la década de los años noventa y hasta la fecha, la docencia y la investigación en materia de antropología forense comenzó a perfilarse en México. Para 1996, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) se impartió por vez primera un curso como materia optativa sobre antropología forense,³¹ el cual despertó el interés no solo entre alumnos de la licenciatura de antropología física, sino también en arqueología. Asimismo, en la ENAH se creó el Proyecto de Investigación Formativa (PIF), titulado “El campo de la arqueología y la antropología forense en México”, impartido por el antropólogo físico Arturo Talavera y el arqueólogo Martín Rojas, quienes, a su vez, en 1996, conformaron el equipo de bioarqueología de la Dirección de Antropología Física del INAH. Un equipo con la idea de poner en práctica los conocimientos de las ciencias antropológicas (antropología física y arqueología) aplicados en la recuperación y análisis de indicios procedentes de fosas clandestinas (Talavera y Rojas 2018; Jácome 2007).

Mientras tanto, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM se desarrollaba el proyecto titulado “La cara del mexicano o CARAMEX”, integrado por varios antropólogos físicos y encabezado por los doctores Carlos Serrano Sánchez y María Villanueva, el cual surgió como una necesidad de la PGJDF para los sistemas de identificación. Se trataba desde un inicio de un sistema computarizado para elaborar retratos hablados a partir de rasgos faciales de individuos mexicanos (Serrano, Villanueva, Luy y Link 1996).³²

Dicho proyecto antecedió el desarrollo de otras propuestas que culminaron como trabajos de tesis, donde se abordaron el uso de nuevas técnicas en la reconstrucción facial escultórica y la aplicación de los métodos y técnicas arqueológicas en los contextos forenses.³³ Así también, la creación del Laboratorio de Antropología Forense en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con fines de impulsar la investigación en ese ámbito. En ese sentido, el Laboratorio de Antropología Física de la Facultad de Medicina de la UNAM, desde hace ya varios años ha detentado un papel importante³⁴ y, asimismo, la Dirección de Antropología Física del INAH; todos ellos albergan en sus instalaciones significativas colecciones de referencia de esqueletos humanos de población mexicana contemporánea, que han sido utilizadas para generar nueva información particularmente relacionada con métodos y técnicas para la estimación de algunos de los parámetros que conforman el perfil biológico en el proceso de identificación humana.

Volviendo a nuestro punto de partida, cabe desatacar que las primeras capacitaciones sobre la búsqueda y recuperación de los restos humanos enterrados o insepultos se impartieron desde 1998 en el INAH, con el “Diplomado en antropología forense”, y más tarde, en 2001, con la organización del “Primer diplomado de peritaje en ciencias antropológicas”,³⁵ ambos enfocados en ofrecer los elementos necesarios en el peritaje antropológico desde diferentes disciplinas forenses como la antropología física, la lingüística y la arqueología (en lo que respecta al patrimonio).

Así también, se crearon líneas de investigación en el ámbito forense dentro de los programas de posgrado en antropología física de la ENAH y el posgrado de antropología de la UNAM. Impartiéndose un importante número de cursos a cargo de especialistas en la materia, provenientes del extranjero.

Sin embargo, debido a que el problema de la desaparición de personas en nuestro país no ha cesado en los últimos años, sino todo lo contrario, esta situación ha llevado a la creación de licenciaturas y especialidades que puedan formar profesionales con enfoques interdisciplinarios. En este contexto, en 2014, la ENAH se convierte en la primera institución educativa en México, que ofrece a nivel superior la especialidad en antropología forense, con un enfoque interdisciplinario y con un diseño curricular enfocado en la necesidad profesional del contexto forense actual de nuestro país. Mientras tanto, en la UNAM se crea, en 2013, la licenciatura en ciencia forense, adscrita a la Facultad de Medicina.

Pero, ¿qué ha sucedido con la inserción laboral de especialistas en antropología dentro de las distintas instituciones del sector público?, esto ha sido paulatino. Recién entrada la primera década del siglo XXI, fue notable el incremento de violencia en nuestro país creando con ello una emergencia forense principalmente destinada a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La inclusión de antropólogos en instituciones como el Semefo de la ahora Ciudad de México y en la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía (FGR) dieron apertura al campo laboral de peritos en antropología forense.

En el año 2002, por ejemplo, por primera vez, la entonces PGR publicó una convocatoria en la que solicitaron especialistas de varias disciplinas entre las que se encontraba la antropología. Sin embargo, a pesar de que el campo de la antropología forense estaba ampliamente difundido en el extranjero, en México su aplicación era poco conocida, de modo que dicha institución al considerar la incorporación de antropólogos sin enfatizar la especialidad, certificó como peritos forenses a los antropólogos sociales Eva Reyes, Guadalupe Mercado y Carlos Jiménez, quienes si bien su formación los capacitaba para participar y coadyuvar en el sistema de justicia, no así en los temas de identificación humana y excavación. No obstante, a lo largo de su estancia en la institución, recibieron capacita ciones, cursos, asesorías y demás acciones para dar atención a la alta demanda que devino a su ingreso.

La apertura en el campo laboral tanto en la actual FGR, como en las fiscalías generales de justicia de los estados o como profesionales independientes, ha ido avanzando de forma paulatina, así como la integración de profesionales a esos espacios (Jiménez 2021).

En este sentido, es importante resaltar la creación de grupos de investigación independientes conformados por especialistas de distintas disciplinas, como el llamado Bufete Internacional de Antropología y Arqueología Forense (BIAAF),³⁶ creado en 2001, y en el que participaron peritos de la PGR que habían incursionado en casos emblemáticos, como los ocurridos durante el levantamiento del EZLN, los asesinatos de integrantes de la Organización Campesina Sierra Madre del Sur (OCSS) en Aguas Blancas, Guerrero, y en el caso de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (Sánchez y Rangel 2017). Se trató del primer grupo independiente creado en México, el cual incluyó entre sus especialistas forenses a profesionales de la antropología, entre ellos se encontraban las antropólogas físicas Lilia Escorcia y Lorena Valencia, así como también el arqueólogo Carlos Jácome (Jácome 2007). Sin embargo, a pesar del tiempo efímero que duró este grupo (menos de un año), quienes lo conformaron se dieron cuenta de la enorme necesidad que tenía el país y la carencia que había de personal especializado en el ámbito antropológico forense, de manera que decidieron formar un nuevo grupo de trabajo, conformado inicialmente como un proyecto de investigación de maestría,³⁷ el denominado Equipo Mexicano de Identificación Humana (EMIH), encabezado por Carlos Jácome y Edgar Gaytán, que posteriormente se reconocería como el Equipo Mexicano de Antropología y Arqueología Forense (EMAAF) (Jácome 2007) y, años más tarde, en el 2013, daba origen al Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), primera asociación civil en nuestro país conformada por especialistas en antropología forense surgida como respuesta a las desapariciones forzadas.

No obstante, el contexto social ha propiciado la incursión de otros equipos que han encontrado en el trabajo interdisciplinario una respuesta distinta a la del Estado a favor de las víctimas. Un caso es el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), que nació dentro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y, donde actualmente, se han diseñado manuales de apoyo, así como protocolos de notificación para las familias de personas desaparecidas a partir del trabajo colaborativo que se ha venido realizando entre especialistas en antropología social, arqueología, antropología física forense, criminalística, psicología y sociedad en general.³⁸

A modo de reflexión…

En este tenor, las masacres, desapariciones y demás atrocidades cometidas en el marco de las dos guerras en México enunciadas hasta este momento (“la guerra sucia” y “la guerra contra el narco”), así como a las incursiones de la antropología forense en torno a diversos sucesos donde así ha sido requerida por el Estado -por lo general a causa de la presión social más que por voluntad política y/o reconocimiento de incompetencia- en nuestro país, son la representación de un contexto social complejo, donde se ha generado información importante que ha visibilizado la necesidad social de la intervención profesional de la antropología forense dentro del ámbito legal. Pues, a lo largo de los últimos años, el quehacer de la antropología forense adquiere una relación intrínseca con el trabajo realizado por los equipos forenses latinoamericanos en México, los cuales han dejado una huella importante, desde su participación en el ‘Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero)’ a fines de la década de los años noventa en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el ‘Caso Iguala’ y en él, un compendio de fosas clandestinas localizadas en la región, lo que vaticinó la crisis forense en la que vivimos hoy en día.

La intervención de equipos latinoamericanos de antropología forense ha dado la pauta y abierto caminos, aportando técnicas y modos de hacer y buscar; exhumando fosas clandestinas, y demás derroteros de este andar al pie de fosa con los familiares de personas desaparecidas. Sin embargo, las especificidades de las atrocidades cometidas en el contexto mexicano, así como la acumulación de casos que de forma paulatina adquieren la connotación de relevantes (acaso por las características deplorables de la violencia ejercida sobre los cuerpos y restos humanos) van más allá de las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en el cono sur como ya lo han reflejado los diálogos entre equipos de antropología forense.³⁹

Por ende, ante el panorama de violencia como el que acontece en nuestro país, con miles de personas desaparecidas, aunadas a poco más de 52 mil cuerpos sin identificar (Martínez y Méndez 2021), así como a los nuevos modus operandi de los grupos delictivos, que cada día perfeccionan su actuar para la desaparición de los restos, anulando cualquier posibilidad de identificación de las víctimas, ante la premisa criminal “sin cuerpo no hay delito”, en un México don de lo que impera entre las averiguaciones previas y las carpetas de investigación son expedientes mal integrados, con pocas o nulas indagatorias, policías, personal ministerial y pericial amenazados/cooptados y/o parsimoniosos en su actuar y obligaciones; donde los planes de trabajo para las búsquedas son iniciativas de la población que demanda, no de los servicios de inteligencia del Estado, el resultado de todo este conglomerado es la impunidad y la indolencia para con las víctimas, y, en términos concretos, la no garantía de la verdad y la justicia.

Ante este escenario se ha desarrollado una antropología forense a la mexicana -o hecha en México inicialmente por algunos expertos extranjeros y connacionales- que continúa forjando y definiendo su actuar, a la par de las atrocidades y crímenes de lesa humanidad (Dayán 2016), los cuales acontecen paralelamente en el día y hora en que se excava en un punto, o en la misma ciudad donde se busca a una persona desaparecida. Su definición, esa antropología forense para el contexto mexicano, tiene cabida a partir de las particularidades de su ejercicio profesional en torno a la búsqueda de la verdad y la justicia en medio de la violencia generalizada, pues no son profesionales en busca de dar cuenta de hechos atroces de décadas pasadas, sino que, en un presente convulso que no posibilita visualizar en el horizonte, se busca un espacio temporal para desarrollar un análisis e interpretaciones antropológicas y multidisciplinarias que aporten a la comprensión del contexto forense a corto o mediano plazo.

Esta situación adquiere una connotación importante, porque aunado al trabajo que ha sobrepasado al escaso personal forense dentro de las fiscalías, así como en los Semefos estatales y federales, con su falta de mantenimiento, equipos y espacio, aunado a la presión y malas prácticas que se han alimentado entre personas deshonestas que lucran con la vida y con la muerte (y el ADN) de las personas desaparecidas y familiares (Mónaco y Pérez 2021), se exige y marca el ritmo de los lugares donde se deben realizar búsquedas, aunque el sitio ya haya sido inspeccionado; se exige y marca el ritmo de los restos a analizar aunque dichos cuerpos ya hayan sido identificados en anteriores ocasiones, y sean retenidos en los Semefos acaso para la gestión de recursos que representan el sustento de profesionistas, colectivos, ONG’s y demás interesados en que la verdad demore un poco más. Se exige bajo la premisa de ser minuciosos en el reconocimiento de los restos.

Se crean polarizaciones y dobles discursos entre quienes trabajan por la búsqueda de las personas desaparecidas. Por un lado, anhelando el encuentro con vida de sus seres queridos, o bien, ya sean sus restos, para vivir un duelo negado por años a las familias. Mientras que, por el otro, la negación de la muerte en los casos que son identificados los restos, también constituye un acto político que alude directamente a un compromiso social más que personal con las personas que se busca (Delacroix 2020); esto da cuenta de las relaciones que se tejen a partir de compartir el dolor de las ausencias, en las cuales el trabajo de la antro pología social forense tiene mucho que decir.

La desaparición de personas es una problemática muy compleja, resulta ser el enunciado implícito que el Estado reproduce hasta creerlo y quedar pasmado. Esto ha llevado a un reclamo social en las últimas décadas de tal magnitud que ha presionado a organismos nacionales e internacionales para la modificación y/o adaptación de estándares y procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Con ellos, la promulgación y reformas a las leyes y marcos normativos en torno a las víctimas de este crimen de lesa humanidad (Dayán 2016).

En conjunto, la desaparición de personas y los crímenes relacionados con esta práctica delictiva han reclamado a las ciencias antropológicas virar el timón hacia la violencia exacerbada y sus expresiones en aras de comprender no solo que del delito existe una víctima, sino, además, un imputado que tiene que ser llevado a juicio por actos inadmisibles, que reproducen hoy día en cualquier región y municipio de nuestro país, hasta tocar la puerta de nuestras instituciones de antropología.⁴⁰

Lo anterior nos ha llevado a reflexionar y repensar los contextos sociales y forenses en torno a las exhumaciones clandestinas donde la participación de especialistas en arqueología forense ha dado nombre y reinterpretación de los tipos de fosas clandestinas realizadas por los diferentes cárteles de la droga; estos van desde la identificación de una variedad de fosas hasta la forma de depositar los restos humanos, incluido el desmembramiento, la alimentación de animales con restos humanos y la destrucción química de los mismos (Jácome y Escorcia 2015). Cada uno de estos registros da cuenta de actos que asemejan huellas de actores sociales muy específicos que faltan en el lego de la memoria de la justicia.