LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE SENTENCIAS: ¿UN INDICADOR DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO JUDICIAL?

Resumen

EL HECHO de que una sentencia (de primera o de segunda instancia), sea revocada o modificada por la decisión de un juzgador revisor no implica, necesariamente, que la sentencia revocada o modificada sea incorrecta o esté equivocada. Es decir, una sentencia revocada o modificada no es, necesariamente, una decisión errónea o viciada. Así, el
juez cuya sentencia sea modificada o revocada no puede ser tildado, sin más, de “equivocado” o “ineficiente”. Esto, por supuesto, lo saben bien los propios juzgadores.
Sin embargo, en ocasiones, y debido a la necesidad imperiosa de generar información relacionada con la “calidad” del servicio público de impartición de justicia, los administradores judiciales o los observadores independientes, tienden a suponer que un índice de revocabilidad de sentencias (número de sentencias revocadas a un juzgador en un periodo fijo), puede convertirse en un indicador apto para observar qué tan “eficientes” son los tribunales o qué tan “buenas” son las decisiones que toman ciertos juzgadores.
La tendencia a suponer que ciertos jueces (los que revisan), toman mejores decisiones que otros (aquellos cuyas decisiones son revisadas), tiene su origen en el propio diseño de la organización judicial. Una organización jerarquizada tiende a imponer la percepción de que las decisiones de
los “superiores” son las mejores. Por otra parte, una organización jerarquizada (cuya función principal es tomar decisiones) tiende a imponer, desde la cúspide, criterios estrictos con la finalidad de uniformar las decisiones futuras, de forma tal que, paulatinamente, se conforme un sistema
coherente. Sin embargo, la aplicación judicial del derecho se revela ante la jerarquía impuesta por la organización.
A continuación se desarrolla el argumento que sostiene que un índice de revocabilidad de sentencias o de amparos concedidos no es un indicador confiable para tratar de observar o “medir” la calidad de las decisiones jurisdiccionales.