DERECHOS HUMANOS Y EJECUCIÓN PENAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA DE MÉXICO

Resumen

En México, la transición del sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio oral posibilitó la reconfiguración de las prácticas de los operadores jurídicos. Recientemente se llevó a cabo una profunda reforma normativa en la fase de ejecución encaminada a alinearla los principios que rigen el enjuiciamiento penal. Si bien es previsible que en dicha fase se reconfiguren las prácticas de los operadores, todo apunta a que tendrán que superarse distintas prácticas a partir del cambio, originadas en esquemas propios de la cultura judicial de los funcionarios que aplicarán la reforma. El elemento central de la reforma de justicia de 2008 es tener un sistema que pretende ser más garantista durante todo el proceso jurídico y posteriormente en la supervisión de la pena. En el sistema inquisitivo velar por los derechos humanos de los involucrados en el proceso no era prioridad. El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley dicta todas las normas que deben salvaguardar los derechos humanos de las personas que han sido sentenciadas. En el presente artículo se abordan las percepciones de los operadores jurídicos en la transición del sistema de justicia a partir de entrevistas realizadas en el Juzgado de Primera Instancia en Cuernavaca, Morelos en el 2014. Pero, así como el nuevo sistema tiene bondades que tocan tanto al imputado como a la víctima, nos preguntamos de qué manera la cultura judicial de los funcionarios que aplicarán la reforma en materia de ejecución podría interferir en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias.